Las administraciones deberían ser un reflejo de la sociedad a la que tienen que servir y ayudar, pero tristemente cada vez que se plantea una reforma de la misma, lejos de ser ejemplar en el cumplimiento y aplicación de las directrices de progreso que nos marcamos como sociedad, se siga involucionando e impidiendo la necesaria competitividad.
En esta ocasión, se trata del Proyecto de Ley de Función Pública de la Administración del Estado, que acaba de ser remitido a las Cortes Generales, y que si nada ni nadie lo impide, se convertirá en otra Ley fallida anclada al siglo XX, justo lo contrario de lo que supuestamente persigue y se describe en la exposición de motivos de la misma.
Pero esto es totalmente lógico cuando lo que se pretende en realidad es simple y llanamente cumplir el hito 148 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia elaborado por el Gobierno de España, y así continuar recibiendo los Fondos Next Generation, y eso explica, a su vez, el procedimiento de “urgencia” con el que se está tramitando dicho Proyecto de Ley.
No en vano, esta Ley debe cumplir el Estatuto Básico del Empleado Público, Ley 7/2007 y R.D. Legislativo 5/2015, que sería realmente lo que deberían haber modificado y que, por tanto, afectaría a todas las administraciones públicas y no solo a la del Estado, lo cual, y como pueden imaginar, tendría otros tiempos y otras negociaciones muy diferentes, para las que no se dan las circunstancias adecuadas.
Por tanto, hablamos de una reforma que no afecta a lo esencial, y en modo alguno soluciona los problemas reales de competitividad y modernidad en la Función Pública, y mucho menos refuerza los principios de mérito, capacidad e igualdad.
De hecho, hace poco más de un año, el Gobierno de España firmó la declaración de Estrasburgo sobre los valores y los retos comunes de las Administraciones Públicas Europeas, donde, entre otros, la Secretaria de Estado de Hacienda se comprometía a la democratización del acceso al empleo público o la adaptación de los procesos de selección al siglo XXI.
Pues bien, la Administración del Estado sigue manteniendo los mismos cuerpos en el ámbito de las Ingenierías de principios del siglo XX, con la misma regulación y exigencias, pese a los numerosos cambios sociales, económicos, universitarios y tecnológicos que ha experimentado nuestro país, lo cual debería propiciar como mínimo una reflexión al respecto, que hasta la fecha se ha obviado.
Y es que no se puede hablar de una Función Pública del siglo XXI, que restrinja el acceso al Grupo A1 a los actuales titulados universitarios de Grado en Ingeniería, al contrario de lo que ocurre en la empresa privada, donde no tenemos límites. Pero lo más preocupante es la falta de coordinación y coherencia, entre la maraña normativa a la que estamos sometidos, que lejos de guiarnos, nos genera indefensión e incertidumbre, y me explico.
Se trata de un proyecto de Ley que utiliza de forma recurrente competencias, carrera profesional, aprendizaje permanente, etc., pero, sin embargo, obvia por completo todo lo que ya está legislado en esta materia, y me refiero al Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (MECES) y su correspondencia con el marco europeo EQF (cualificaciones profesionales), que resulta totalmente válido para la empresa privada y que, sin embargo, para la Función Pública es invisible.
Se siguen manteniendo dos niveles dentro del Grupo A (A1 y A2), algo que no encaja con lo existente en el ámbito privado, donde existe el Grupo de Cotización 1 para todos los titulados universitarios.
Se obvian por completo legislaciones esenciales en el marco de las actividades profesionales, como son la Ley 17/2009 sobre el libre acceso a las actividades profesionales y su ejercicio, o la Ley de Garantía de Unidad de Mercado, introduciendo restricciones de acceso totalmente injustificadas y, por tanto, limitando los derechos del resto de ciudadanos, e impidiendo la tan manida, pero a su vez denostada competitividad.
Por tanto, estamos hablando de un proyecto de Ley nada ejemplarizante, improvisado por las necesidades del guion y que en nada se ajusta a las necesidades del sector público, que continua muy necesitado de modernizarse y mejorar la productividad, para lo que es imprescindible elegir a los mejores entre muchos y no entre unos pocos.
Y dicho todo lo anterior, ni perdemos la esperanza ni bajamos los brazos, seguiremos demostrando y reivindicando todo aquello que entendamos sea beneficioso para la sociedad, con la esperanza de no solo de ser oídos, sino escuchados, algo que por desgracia, nuestros dirigentes, no tienen muy arraigado.
José Antonio Galdón Ruiz
Presidente del Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial de España y de la Fundación Técnica Industrial
