Los colegios, que ya han abordado su modernización telemática, van por delante de las administraciones, con las que deben estar sintonizados, disponen de técnicos preparados y de un seguro de responsabilidad civil, individual y colectivo. De ahí que no se expliquen lo que parece un ansia de estrangular su independencia.
Los colegios profesionales ?incluidos los de profesiones técnicas-, contra lo que algunos quieren hacer creer, no son ni un poder deseoso de influir por motivos de lucro económico, ni agrupaciones de espíritu gremialista, sino corporaciones definidas en la Constitución como de derecho público, asociaciones sin ánimo de lucro y al servicio de la sociedad. Quienes lo presentan de otra manera deforman, al mismo tiempo, la realidad comprobable y la definición legal.
Es una evidencia palpable la falta de diálogo del Gobierno central con los representantes colegiales, como si a aquel no le parecieran relevantes las opiniones del millón de profesionales colegiados y, por añadidura, el riesgo en que se ponen unos 10.000 puestos de trabajo, desempeñados por los funcionarios de los colegios.
La transposición de la directiva de servicios a través de la llamada Ley Ómnibus y la modernización de los colegios no puede servir de pretexto para el exceso: el Gobierno pretende, por causas ajenas a esa transposición, tomar excusa en ella para trastornar profundamente algo tan delicado y consolidado como los sistemas de garantía de seguridad en los proyectos profesionales.
Ello ha generado, por una parte, una perjudicial incertidumbre en el sector y, por otra, una expectativa poco recomendable de negocio privado que aspira a adueñarse de una parcela que se presume suculenta y que, en efecto, podría serlo fuera del prudente control de los colegios que desarrollan su función colaborando con las administraciones competentes, no coincidentes con las del Estado, como son las comunidades autónomas y los ayuntamientos.
Si el Gobierno consigue lo que pretende, dará un triunfo a las posturas más extremas de la ideología privatizadora y será la sociedad española -no los colegios- la que padezca por el deterioro de los controles previos necesarios a las tareas -proyectos, obras, instalaciones, etc.-, además de soportar un encarecimiento en espiral a causa de la necesaria protección de usuarios, técnicos y operarios, con el fin de cubrir responsabilidades que hoy se hallan cubiertas de modo satisfactorio, económico y eficaz.
