Soñar lo imposible

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En 1992, el Tribunal de Defensa de la Competencia emitió un informe sobre los colegios profesionales que empezaba con esta frase de Jovellanos: “la abolición de los gremios no puede producir los males que se temen”. Desde el primer momento, ya queda bien claro lo que se pensaba de los colegios profesionales. Pocos años después, alguien que estuvo vinculado a ese informe confirmaba con carácter personal desconocer la realidad de los colegios actuales, ante la proximidad en una serie de iniciativas tomadas desde uno de nuestros colegios en las que participaba de forma sorprendida. En el lado opuesto de lo expresado por Jovellanos, hay otros criterios –impensables hoy en día– que vienen a decir que los colegios deben basar su existencia “en una subliminada moral y depurado espíritu de sacrificio de los individuos que constituyen estas colectividades beneméritas”. Esta frase está recogida en unos estatutos colegiales sanitarios de 1934.

Debería quedar claro que ambos conceptos son una clara distorsión de la realidad presente o pasada. Los colegios profesionales, a lo largo de la historia, desde su nacimiento vinculados a los gremios, corporaciones de artes, cofradías, congregaciones o asociaciones de socorros mutuos formadas en la Edad Media hasta nuestros días, han resistido los avatares políticos y las muy diversas concepciones del propio Estado. Y ello se ha debido fundamentalmente a la importante misión que cumplían para el Estado, incluso en la época más liberal y en la que se impuso una concepción individualista y se vio en ello un modo de controlar a los profesionales integrados en los colegios.

Todo esto no hace sino revelar claramente la importancia de la vertiente pública de los colegios, lo que también ha dificultado en muchas ocasiones la clarificación de su naturaleza. En España se ha optado con frecuencia por la calificación de administración corporativa, mientras que en otros países próximos se les ha considerado personas jurídicas de Derecho privado, por su distinción con los establecimientos públicos, aunque la vertiente pública es de la máxima importancia.

Entre las cuestiones inherentes a los colegios, hay dos esenciales. Una es la representación de los profesionales; y la otra, la ordenación de la actividad profesional, pues no hay nadie mejor y más capacitado para hacer saber a las administraciones sus problemas, dificultades, objetivos, y en nuestro caso, conocimientos en materias de ingeniería y otras afines: mercado laboral, fomento del empleo específico, estructura formativa, etc.

“ESTAMOS CANSADOS DE LAS POSTURAS EMPOBRECIDAS Y TEMEROSAS QUE NOS TACHAN DE CORPORATIVISTAS Y ABANDONAN DESPECTIVAMENTE A LAS PROFESIONES SIN HABER INTENTADO APROXIMARSE Y CONOCERLAS”

Se olvida con frecuencia que en 1978 España entra en una nueva época en lo jurídico y en lo político con la entrada en vigor de una nueva Constitución democrática, que no hace desaparecer las organizaciones corporativas, sino por el contrario reconoce su existencia, aunque con un planteamiento distinto al del Estado autoritario de épocas anteriores. Pues bien, esta realidad no sólo no impide sino que a veces estimula a las diferentes administraciones a tener una actitud incrédula, cuando no beligerante, hacia los colegios profesionales. Y, haciendo oídos sordos del momento jurídico y social, siguen pensando que tenemos un exacerbado corporativismo, tal vez comparándolo con viejas raíces fascistas, como el corporativismo luso, el régimen de Vichy en Francia o el verticalismo español. Queremos soñar lo imposible, que las opciones políticas más representativas españolas sean coherentes con la realidad actual de los colegios profesionales y de nuestra Constitución; porque no hacerlo ha supuesto estancar el desarrollo del art. 36 de la misma. Para la derecha liberal, los colegios pueden convertirse en una cortapisa, en una restricción no sólo reguladora, sino también orgánica, al ejercicio de las profesiones. Por su parte, los planteamientos de la izquierda social suelen repeler la propia configuración pública o semipública de los colegios, por entenderla como un vestigio del corporativismo totalitario, pero curiosamente defendiendo a veces su vertiente crítica y reivindicativa. En muchas ocasiones la realidad está lejos de estas filosofías, y lo que realmente se está cuestionando son intereses de grupos dominantes colocados en el mundo de la política.

Es injusto que cuando nos personamos en las administraciones públicas de cualquier signo, planteando cuestiones puramente profesionales como corresponde a nuestros cometidos, el único argumento que se esgrime para cuestionar los criterios en los que defendemos intereses generales y profesionales, es que somos corporativistas a la vieja usanza. Y nos dicen además que divisan un negro futuro para nuestras instituciones.

Estamos cansados de estas posturas empobrecidas y temerosas que abandonan despectivamente a las profesiones sin haber intentado aproximarse y conocerlas. Todo ello en medio de una sociedad civil abierta y tolerante de la que democráticamente formamos parte y de la cual nos sentimos orgullosos.

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