Tras unos años de estancamiento, el parque eólico y solar español vuelve a crecer y las nuevas políticas de descarbonización económica pueden influir en esa tendencia
Las energías renovables proporcionan beneficios medioambientales, evitan la emisión de millones de toneladas de CO2 y permiten reducir la dependencia energética. España se sumó recientemente a la Plataforma 2050, integrada por 26 países comprometidos a descarbonizar su economía a mediados de siglo. El objetivo es no generar más emisiones de las que puedan absorber los ecosistemas por mecanismos naturales. La estrategia de descarbonización está incluida en la próxima ley de transición energética española.
Ante este panorama, las energías renovables tienen un papel fundamental. La potencia instalada acumulada de energías renovables alcanzó a finales de 2016 los 32.846 megavatios (+0,2%), manteniendo la tendencia de bajo crecimiento de los últimos años.
Las instalaciones eólicas constituyen la principal fuente de energía renovable; en diciembre de 2016 aportaban el 70,1% de la potencia instalada acumulada. A continuación, figuran las instalaciones de energía solar fotovoltaica, las cuales reunieron el 14,2%, mientras que las termoeléctricas supusieron el 7%. El 8,7% restante se repartió entre instalaciones hidráulicas en régimen especial y de plantas de producción de energía a partir de biomasa. Son datos del último Observatorio Sectorial DBK de Informa.
En 2016 estaban en funcionamiento 1.359 parques eólicos, con una potencia total de 23.026 megavatios, que mantienen a España en quinto lugar mundial. La potencia instalada acumulada de energía solar fotovoltaica registró un crecimiento del 0,3% en 2016, alcanzando los 4.674 megavatios, repartidos en 61.386 plantas conectadas a la red. Por su parte, el número de instalaciones en funcionamiento de energía solar termoeléctrica se ha mantenido estable desde 2013, con un total de 51 centrales con una potencia total instalada de 2.300 megavatios.
Nuevas adjudicaciones
En las subastas celebradas en 2016 y 2017 se adjudicaron un total de 8.037 megavatios de nueva potencia de energías renovables. A corto plazo, significa la reactivación en la promoción de nuevas plantas de renovables y cambios en la estructura de la oferta sectorial. Sin embargo, como buena parte de la potencia adjudicada ha sido en grandes lotes, el grado de concentración de la oferta aumentará en los próximos años, en especial en el sector de energía solar fotovoltaica. Considerando las energías eólica, solar fotovoltaica y solar termoeléctrica, las 10 primeras empresas por potencia instalada sumaban el 57% de la potencia total en 2016. Esta concentración se eleva al 73% en el segmento de energía solar termoeléctrica y en el caso de la eólica, al 70%. En cambio, la solar fotovoltaica es el segmento más atomizado (13%). Los ingresos generados por la venta de energía eólica y solar se situaron en 7.069 millones de euros en 2016, el 9,3% me-nos que la del periodo anterior.
Las energías renovables contribuyeron al PIB nacional hasta los 8.511 millones euros, aportaron 1.000 millones de euros en fiscalidad neta, permitieron mejorar la balanza comercial con un saldo exportador neto de 2.793 millones de euros y produjeron ahorros en importaciones energéticas de 5.989 millones de euros. Son las principales conclusiones del noveno estudio del Impacto Macroeconómico de las Energías Renovables en España en 2016, elaborado por la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA). Sin embargo, la fuerza laboral disminuyó en el último año en 2.760 empleos, hasta situarse en los 74.566 puestos de trabajo en 2016. Está muy lejos del año 2008, cuando el sector empleaba a 142.940 trabajadores. El fuerte ajuste de los empleos de las instalaciones en funcionamiento deriva de la reforma eléctrica; en el caso de las tecnologías asociadas a la bioenergía, son más intensivas en empleos. Un ejemplo es Siemens Gamesa, que anunció recientemente la puesta en marcha de un expediente de regulación de empleo (ERE) para reducir su plantilla en España en 341 trabajadores este año y en otros 67 hasta 2020. En la actualidad, cuenta con unos 4.000 trabajadores repartidos en 16 centros productivos. Este ERE forma parte de un plan de reestructuración para un máximo de 6.000 empleados en 24 países.
Según el informe de APPA, las renovables abaratan la factura eléctrica, dado que producen ahorros en el mercado eléctrico de 5.370 millones, “superiores a la retribución específica percibida”. En 2016, el precio medio del mercado eléctrico fue de 39,67 euros por MWh. Sin la aportación de las energías renovables el mercado habría registrado un valor medio de 61,17 euros por MWh, añaden las fuentes.
“Es importante reflejar los beneficios económicos, medioambientales y sociales que las energías renovables aportan a nuestra sociedad, porque si no los conocemos, no entenderemos por qué en el mundo el 55% de la nueva potencia ya es renovable y no podremos acometer con convencimiento el reto de la transición energética y la descarbonización”, afirma José Miguel Villarig. Ante este panorama, Villarig señala la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética como un marco estable y predecible para que el sector empresarial pueda acometer sus inversiones.
La fotovoltaica ha sido la gran ganadora de la segunda subasta celebrada en 2017. Con más de 3.900 megavatios fotovoltaicos adjudicados, es una tecnología “que demuestra su plena competitividad”, afirma Jorge González Cortés, presidente de APPA Fotovoltaica. De llevarse a cabo todos los proyectos, generaría más de 27.900 nuevos empleos directos e indirectos durante la fase de construcción, hasta diciembre de 2019, y elevarían a más de 18.800, los puestos de trabajo permanentes en esta tecnología para los próximos 20 años, añade la APPA.
Medidas antienvejecimiento
España es uno de los primeros países que se enfrenta al envejecimiento de sus parques eólicos: en 2020, la mitad de sus aerogeneradores habrá superado los 15 años, según la Asociación Empresarial Eólica (AEE). Para obtener la máxima producción posible durante su vida útil, las instalaciones eólicas, y también las solares, necesitan de una cuidadosa y planificada conservación técnica.
Para los fabricantes de aerogeneradores y componentes, las empresas de mantenimiento y de servicios, la extensión de vida es una oportunidad para abrir nuevas vías de negocio. Las operaciones de mantenimiento del parque eólico mueven 400 millones de euros al año en España, según la Asociación de Empresas de Mantenimiento de Energías Renovables (AEMER). “La tendencia creciente al alargamiento de vida de las instalaciones ha puesto de manifiesto la importancia de un mantenimiento adecuado de los parques eólicos, para conseguir mantener la disponibilidad de los equipos en plazos superiores a los inicialmente previstos”, opina Íñigo Vázquez, presidente de AEMER. Avalado por la certificadora Applus+, ha desarrollado un certificado de calidad homologado que fija unos criterios de calidad mínimos para identificar aquellas empresas con medios y experiencia suficiente en este campo. AEMER acaba de presentar la Guía para el Diagnóstico y la Evaluación Periódica de los Parques Eólicos, cuyo objetivo es maximizar la vida útil y las prestaciones de las instalaciones, con el mínimo coste posible, manteniendo las condiciones de seguridad y salud en los parques. Para ello, establece de forma sistematizada las recomendaciones para la supervisión de los parques eólicos a lo largo de su existencia y aborda los procedimientos que seguir. La intención última es maximizar la vida útil y las prestaciones de las instalaciones, al mínimo coste posible, de todos sus componentes: desde las palas a las cimentaciones, equipos eléctricos y electrónicos y la transmisión mecánica, manteniendo en todo momento las condiciones de seguridad y salud en los parques.
Tres son las opciones que baraja la AEE: repotenciar, con el desmantelamiento y sustitución de los aerogeneradores por otros de mayor eficiencia; extensión de la vida del aerogenerador bajo condiciones de seguridad garantizadas, sustituyendo los componentes precisos, y sustitución de algunos componentes de la máquina sin certificación de extensión de vida, pero bajo garantía de seguridad. “Cada vez es más habitual que los promotores acaricien la idea de introducir las modificaciones necesarias en sus máquinas para alargarles la vida entre 10 y 20 años, como en el sector aeronáutico. Aunque el alargamiento de vida suponga menores ingresos que la repotenciación, representa una opción de mayor rentabilidad y menor riesgo para los promotores”, afirman.
