España, Grecia e Irlanda no han notificado a la Comisión Europea (CE) las sanciones aplicables a las infracciones que vulneran la legislación comunitaria sobre sustancias que dañan la capa de ozono. Por ello se ha expedientado a estos países y se les ha instado a que proporcionen datos sobre las medidas adoptadas para prevenir el escape de sustancias reguladas y reducir al mínimo los mismos. La legislación comunitaria faculta a la CE a emprender actuaciones judiciales con un estado miembro que no cumpla con sus obligaciones. Estos deben suministrar información sobre las medidas adoptadas para fomentar la recuperación, el reciclado, la regeneración y la destrucción de sustancias reguladas tales como CFC, los halones y el bromuro de metilo.
