El reto de la electrobasura
La nueva directiva europea de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) pretende ponercoto a la oleada de robos y el creciente comercio ilegal con terceros países de una basura de la que apenas hoy una cuarta parte se gestiona adecuadamente
Vivimos rodeados de frigoríficos, lavadoras, congeladores, batidoras, secadores de pelo, planchas, aspiradoras, televisores, equipos de audio y vídeo, ordenadores, impresoras, máquinas expendedoras, herramientas eléctricas y electrónicas, teléfonos móviles… Enormes cantidades de aparatos provistos de cables, enchufes y microchips, pero también de metales pesados y desechos tóxicos, que en la mayoría de los casos acaban sus vidas abandonados a su suerte y sin ningún control con grave riesgo para el medio ambiente y la salud pública y enorme regocijo de mafias y bandas organizadas, que los despiezan para extraer los componentes de valor o los exportan de forma ilegal a terceros países en los que la legislación en materia de residuos es escasa o nula.
Este es, a grandes rasgos, el panorama actual de la gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) en España, donde casi tres cuartas partes de los electrodomésticos, equipos de informática y aparatos de telefonía desechados no se procesan en los sistemas integrados de gestión. Es decir, muy pocos se tratan y reciclan adecuadamente.
Incumplimiento de la legislación
Así lo pone de manifiesto un reciente estudio de la Universidad de Salamanca en el que se destaca que solo 1.000 de los
10.000 fabricantes que existen en nuestro país están incluidos en el registro oficial del Ministerio de Industria para gestionar este tipo de residuos electrónicos, lo que, según sus autores, implicaría una evasión de al menos 15 millones de euros. Este extremo lo corrobora la Asociación de Empresas Gestoras de Residuos y Recursos Especiales (Asegre), organización que desde hace tiempo viene alertando de que los recortes en los presupuestos autonómicos –las Administraciones competentes en materia de residuos– derivados de la crisis han limitado los esfuerzos y recursos destinados a la gestión y control del medio ambiente, lo que ha traído consigo una preocupante relajación en el cumplimiento de la legislación ambiental.
En este escenario no resulta extraño que de los cerca de 14 kilogramos de residuos eléctricos y electrónicos que cada ciudadano generó en España en 2010, apenas poco más de 2,55 kg se depositaran en los puntos limpios o se procesaran correctamente. El resto acabó tras ser despiezado para vender los componentes valiosos en la basura, el vertedero o en el mar, cuando no en el patio de atrás de países de Asia y África que ni siquiera disponen de la tecnología adecuada para gestionarlos.
España aspira a recoger en dos años la mitad de la pilas y baterías vendidas, un objetivo ambicioso al que contribuyen las campañas de concienciación y los 22.000 puntos de recogida existentes
Terminar con esta amenaza que, por un lado, representa abandonar sin control alguno montañas de viejos aparatos electrónicos que contienen plomo, cadmio, cromo, mercurio y otros componentes tremendamente contaminantes y que, por otro, puede acabar convirtiendo a países como Ghana, Costa de Marfil, Nigeria e India en basureros electrónicos, no parece tarea fácil. Al menos en el actual contexto de recesión económica, donde, y no solo en el tercer mundo, hasta la chatarra tiene valor y un cada vez mayor número de personas vive del reciclaje no oficial (se calcula, por ejemplo, que un millón de teléfonos móviles contienen 25 kilos de oro, 250 de plata y más de nueve toneladas de cobre).
Fraude masivo
Se trata, como reconocen las autoridades españolas y europeas, de un problema colosal en el que cabe un notable margen de mejora. Por compromiso con el medio ambiente y con las empresas productoras que sí cumplen con el marco legal y que, por tanto, se ven económicamente perjudicadas por estas prácticas, pero también por poner fin a este fraude masivo en el tratamiento de la basura electrónica, tal como lo califica la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).
Así, esta organización sostiene que los consumidores ya pagan unos 300 millones de euros al año para que se gestionen adecuadamente estos residuos, un montante que, aunque no aparece en ninguna factura, los productores de aparatos electrónicos y electrodomésticos cobran por adelantado al comprador para financiar una parte de un reciclaje que, según denuncia la OCU, apenas se lleva cabo de forma correcta en el 10% de los casos.
Para tratar de remediar este desplome que, a juicio de Asegre, está sufriendo el sector de la gestión de RAEE en España y otros países europeos desde el inicio de la crisis en 2008, el Consejo de Europa aprobó en junio pasado la revisión de la directiva europea que regula el tratamiento y gestión de estos residuos que, hasta ahora y según reconocen todos los acto-res intervinientes, son en su mayoría robados, exportados o gestionados sin la correspondiente autorización para hacerlo.
La nueva directiva, que cada Estado miembro deberá trasponer en un plazo de año y medio y que persigue recuperar, reciclar y valorizar los residuos electrónicos de forma separada por su posterior tratamiento en instalaciones adecuadas, descansa en tres principios fundamentales.
En primer lugar, en unos objetivos ambiciosos que pasan por la exigencia de que en 2016 se recojan 45 de cada 100 toneladas de RAEE puestos en el mercado nacional, porcentaje que deberá aumentar en 2019 hasta el 65% de los aparatos electrónicos introducidos en el mercado interior o el 85% de los generados.
En segundo término, en la necesaria mayor implicación y concienciación tanto de los ciudadanos como de los fabricantes. Para la facilitar la tarea de los primeros, la normativa europea incluye más métodos de recogida, como son la creación en función de la densidad de población de más puntos limpios donde depositar estos residuos, así como la posibilidad de poder dejar de forma gratuita aquellos artilugios que no superen los 25 cm –los móviles, por ejemplo– en establecimientos de 400 m2 sin obligación de tener que comprar otro equivalente. Además, los países miembros tendrán la posibilidad de designar agentes de recogida por hogar para los grandes aparatos o electrodomésticos.
Para los fabricantes, por su parte, la directiva RAEE plantea una reducción de las cargas administrativas –menos requisitos de registro e información sobre la tasa de reciclado en las facturas– al tiempo que obliga a los productores a responsabilizarse de los aparatos generados garantizando en todo momento la mejor técnica de reciclaje, bien de forma individual, bien adhiriéndose a un sistema colectivo de gestión (SIG).
Otro final es posible
En un ejemplo de que estos aparatos no tienen por qué terminar sus días en los tradicionales contenedores verdes de basura o tirados sin más por las calles, las fundaciones Ecotic, Ecofimática, Ecoasimilec y Tragamóvil, cuatro de los principales sistemas integrados de gestión de España, pusieron en marcha a principios de este año en Madrid la campaña de sensibilización sobre la importancia del adecuado reciclaje de pequeños aparatos eléctricos y electrodomésticos Otro final es posible. Esta iniciativa, que se ha prolongado por espacio de cuatro meses en 18 centros comerciales de la comunidad madrileña, ha logrado recoger más de 22.000 kg de este tipo de residuos y demostrar, de paso, que su nombre no era solo un simple reclamo comercial.
Por último, y en tercer lugar, la directiva europea establece que el tratamiento de los RAEE únicamente se podrá realizar en instalaciones adecuadas, cuya autorización deberá basarse en criterios de mejores técnicas que garanticen, si fuera necesario, la descontaminación del residuo y que maximicen el reciclaje y la valorización de los recursos que contiene.
Con todo, desde Asegre entienden que el éxito de esta futura norma en nuestro país va a radicar de forma singular en que su aplicación se realice de forma homogénea en todas las comunidades autónomas para evitar así la disparidad de criterios que impidan alcanzar los objetivos marcados. Y por entender que tan importante como reciclar es alargar la vida útil de un producto que aún funciona.
Pero aunque los productores, las empresas de gestión de residuos y, sobre todo, las Administraciones involucradas resaltan los avances que esta nueva directiva representa en la lucha contra el tratamiento incontrolado, el robo creciente y masivo en los puntos limpios o el comercio ilegal con terceros países de este tipo de aparatos, todo ellos reconocen que su aplicación, y por tanto, la consecución de sus objetivos, aún se demorarán un tiempo. Hasta entonces, y si nadie lo remedia, Europa seguirá cargando con la vergüenza de ver como su basura electrónica aparece desguazada o abandonada en las zonas más pobres del mundo.
Ponte las pilas
El reciclaje de pilas en España no deja de crecer y ya alcanza una ratio de más del 75% de las usadas. Frente a los resultados poco alentadores que presenta la gestión ambiental de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, la recogida de pilas llegó al 34% de las vendidas en 2011, muy por encima del objetivo del 25% establecido en la normativa española. Según datos de la Fundación Ecopilas, el pasado año se batió un nuevo récord de recogida de pilas y baterías usadas en nuestro país, al retirarse 3.031 toneladas de estos productos, el 21% más que en 2010.
A este prometedor balance hay que sumar que por primera vez desde que en 2008 se pusiera en marcha la obligatoriedad legal de la recogida selectiva de pilas y baterías, prácticamente todas las comunidades autónomas han superado este requisito del 25% e, incluso, algunas, como es el caso de Navarra y Aragón, han sobrepasado el 50%.
Para esta fundación que, con 526 empresas adheridas, representa el 75% del mercado de pilas portátiles y más del 25% de las pilas industriales que se comercializan en España, la clave de estos buenos datos son las campañas de concienciación y lo accesible de los, aproximadamente, 22.000 puntos de recogida que existen repartidos por todo el territorio nacional.
Los responsables de Ecopilas se han fijado el objetivo de llegar en dos años a retirar el 50% de las pilas y baterías usadas entre las que, recuerdan, no solo están las clásicas o las de botón que se utilizan en los hogares, sino también otras industriales, como las que usan las locomotoras del AVE o los submarinos de la Armada.
