El ‘fracking’ llega a España con polémica
La extracción de gas mediante fractura hidráulica o fracking plantea la disyuntiva de permitir esta técnica y aumentar las reservas energéticas o prohibirla ante las evidencias de que envenena las aguas
El fracking o fractura hidráulica, un polémico método de extracción de gas no convencional que permite mediante la inyección de enormes cantidades de agua a alta presión mezclada con sustancias químicas romper las rocas y liberar el gas adherido a ellas, ya está en España. Aunque aún es pronto para saber si ha venido para quedarse, lo cierto es que su llegada ha levantado un vivo y controvertido debate entre quienes aseguran que esta tecnología puede cambiar el panorama energético mundial y quienes, por el contrario, piden su prohibición por sus potenciales efectos nocivos sobre la salud y el medio ambiente.
Entre unos y otros media un mundo, o mejor cabría decir un océano. Porque eso es, precisamente, lo que separa a Estados Unidos, el principal impulsor desde hace varias décadas de esta técnica de fracturación hidráulica con presencia en más de una treintena de Estados, y la Unión Europea, erigida durante los últimos años en la auténtica precursora de las energías renovables y donde no todos los países han mostrado su disposición a convertirse al fracking.
La industria norteamericana del sector argumenta que está técnica ha permitido acceder a yacimientos de gas –y también de petróleo– que de otro modo no serían económicamente viables, y que ha logrado en apenas siete años que Estados Unidos cuente con reservas de gas, aunque sea solidificado en las rocas a gran profundidad y no en grandes bolsas subterráneas, al menos para el próximo siglo. Igualmente, destacan que con su aplicación en la última década EE UU ha conseguido doblar su cuota de producción de este tipo de gas no convencional denominado gas pizarra o gas de esquisto (shale gas), un porcentaje que todo apunta a que de aquí a 20 años podría representar la mitad de su producción gasista.
Además, sus defensores aseguran que el gas extraído mediante fractura hidráulica ha permitido reducir en 1.000 dólares por familia y año la factura de luz y que desde que se ha generalizado la explotación de yacimientos de gas mediante fracking las emisiones de gases contaminantes han caído a los niveles de 1997.
Asimismo, en un informe de hace poco más de un año sufragado por las grandes corporaciones energéticas mundiales se recogía que la Unión Europea podría conseguir sus objetivos de reducción de emisiones para 2050 y ahorrar la friolera de 900.000 millones de euros si en vez de invertir en renovables lo hacía en gas. Según este informe, con los recursos de shale gas europeos se podrían cubrir las necesidades del continente durante 30 años.
Posiciones encontradas
A pesar de estas expectativas, Francia, Alemania, Bulgaria e Irlanda del Norte han optado por la prudencia y han decidido prohibir o suspender temporalmente las licencias de exploración de esta técnica novedosa por las cada vez mayores evidencias de que su utilización envenena las aguas y los acuíferos. A pesar de ello y de que en EE UU se han registrado ya varios casos –muy sonado el de Pittsburgh– y de que incluso algunos Estados norteamericanos, como Nueva York, han aprobado una moratoria sobre las prospecciones, la decisión de estos países europeos no ha sido secundada por Reino Unido, Polonia ni tampoco por España, donde ya existen proyectos para iniciar prospecciones mediante fracking en el subsuelo de la Rioja, Cantabria, Castilla y León, Euskadi y Navarra y quizá también en Aragón y Andalucía.
Es posible que en la apuesta de estos países por esta tecnología haya pesado más la ausencia de un claro consenso científico que justifique esta prohibición que las noticias que llegan sobre los potenciales efectos perniciosos del fracking, la mayoría además muy recientes. Pero de lo que no cabe ninguna duda es del importante volumen de negocio que está en juego. Es un factor que hay que tener especialmente en cuenta en aquellas zonas o países donde solo la mera posibilidad de contar con recursos de gas no convencional en su territorio les llena, como mínimo, de esperanza para conseguir reducir su gruesa factura y dependencia energética.
A PESAR DE QUE EN FRANCIA Y OTROS PAÍSES SE HAN PROHIBIDO O SUSPENDIDO, EN ESPAÑA HAY PROYECTOS DE PROSPECCIONES CON ‘FRACKING’ EN EL SUBSUELO DE LA RIOJA, CANTABRIA, CASTILLA Y LEÓN, EUSKADI Y NAVARRA, Y QUIZÁ TAMBIÉN EN ARAGÓN Y ANDALUCÍA
En el caso de España, el Gobierno del País Vasco ha estimado en 30.000 millones de euros el valor de los 185.000 millones de metros cúbicos gas natural que se calcula que hay acumulados en los 1.400 kilómetros cuadrados del subsuelo de Álava que dan forma al proyecto Gran Enara y que pretende explorar en dos pozos un consorcio formado por el Ente Vasco de Energía, la empresa norteamericana Heyco Energy y Cambria Europe. Aunque desde la Administración vasca ya se ha reiterado en numerosas ocasiones que la explotación de estas reservas solo se llevará a cabo si se confirma la viabilidad técnica, económica y, desde luego, medioambiental del proyecto, no son pocas las voces que reclaman que el Ejecutivo de Vitoria no puede dejar pasar esta oportunidad que equivale al consumo de gas de cinco años de toda España o a 60 veces el consumo anual de Euskadi.
Tampoco son pocas las voces que solicitan al Gobierno de España que suspenda los actuales sondeos aprobados hasta que, al menos, los impactos estén plenamente investigados, comprendidos, afrontados y regulados. Así lo han pedido desde asociaciones como Greenpeace y Ecologistas en Acción, hasta sindicatos como Comisiones Obreras y colectivos sociales creados con ese efecto. Es el caso de la Asamblea contra la Fractura Hidráulica y grupos políticos con presencia en el Congreso de los Diputados, como el de Izquierda Plural, que en la Comisión de Industria celebrada a finales de enero trasladó al ministro del ramo, José Manuel Soria, la necesidad de promover una moratoria a las exploraciones previstas en suelo español y que elabore una regulación que prohíba este tipo de técnica.
Y es que, además de consumir ingentes cantidades de agua y de contaminar acuíferos, sus detractores alertan de que el fracking usa más de 500 productos químicos, algunos cancerígenos y radiactivos; expulsa grandes cantidades de metano, un gas mucho más contaminante que el CO2; puede provocar terremotos, y no solo seísmos, y plantea graves problemas con el almacenaje de agua ya usada y su gestión como residuo, amén de los impactos en el entorno por la necesidad de realizar varias perforaciones en un terreno muy reducido y los cambios paisajísticos derivados de la construcción de carreteras y viales para llegar a los pozos.
En sus argumentos, no falta la referencia a diferentes estudios e informes internacionales, algunos europeos, como el de la propia Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria de la UE, en el que recomienda acometer un marco regulatorio, reevaluar el alcance de la Directiva Marco del Agua con relación a esta técnica, considerar la prohibición general del uso de químicos tóxicos o cuando menos conocer públicamente todos los productos utilizados con este sistema y plantearse la necesidad de desarrollar una nueva directiva europea que regule de forma exhaustiva estas cuestiones.
Cuestión de fondo
Pero por encima de la validez de estos u otros estudios y de los potenciales peligros ambientales asociados con los productos químicos que se añaden a los fluidos utilizados para fracturar la roca, una cuestión sobre la que, por otro lado, todavía se sabe muy poco, más allá de que el grado de riesgo depende de la concentración de estos productos y de la forma en que se expongan a los seres vivos y al ambiente. La cuestión de fondo que planea es para qué queremos este gas, pues todo parece indicar no va a hacer a Europa más independiente energéticamente, al menos en un grado significativo.
En España, Greenpeace ya ha puesto el grito en el cielo por lo absurdo de emprender una nueva aventura que, además de distraer recursos y esfuerzos que bien podrían destinarse a las energías renovables y a la eficiencia energética, lo único que haría, en caso de tener éxito, lo que aún está por ver, es prolongar nuestra actual dependencia de los combustibles fósiles y retrasar la imprescindible transformación del sistema energético hacia una opción más sostenible.
Hasta ahora, la mayoría de los expertos parecían coincidir en la bondad del gas como combustible de transición hasta la implantación de un modelo energético cien por cien renovable. Pero a la vista de la controversia generada por el fracking, que incluso ha suscitado la realización de un documental (Gasland), parece que esta unidad puede quebrarse ante el temor de que el remedio sea peor que la enfermedad. Pero también puede que no.
Una nueva revolución energética
Estados Unidos ha dado la bienvenida al mundo del fracking. Y lo paradójico es que lo ha hecho bajo el mandato de Barak Obama, un presidente que no hace mucho había anunciado que el 80% de las necesidades de electricidad nacionales procederían de energías verdes en 2035. La perspectiva de crear miles de empleos y de alcanzar el autoabastecimiento de gas natural ha lanzado a la primera potencial mundial a una carrera por liderar esta tecnología que bien podría protagonizar una nueva revolución energética en la que este combustible prime sobre el petróleo.
Lo cierto es que su explotación masiva en EE UU durante los últimos años ha cambiado las reglas de juego de un mercado gasista mundial que dependía, en gran medida, de las demandas norteamericanas. De hecho, gracias al fracking el precio del gas natural ha caído en el país de las oportunidades a su nivel más bajo desde 2002. Los primeros damnificados por este nuevo escenario han sido las grandes compañías gasistas de Noruega (Statoil), Rusia (Gazprom) y Argelia (Sonatrach). Pero también Qatar, la Arabia Saudí del gas natural, que ha tenido que abandonar gran parte de sus planes de construcción de gaseoductos y lanzarse a la compra de barcos para transportar el gas natural licuado allí donde se encuentre la demanda.
No resulta extraño, pues, que diferentes expertos del FMI hayan advertido de que Argelia podría sufrir problemas si el gas no convencional empieza a explotarse de forma masiva en Europa. Y ya se sabe que lo que le pase a este país magrebí tiene repercusiones claras en España.
