El desarrollo sostenible en la Unión Europea
La política medioambiental de los Veinticinco promueve medidas para paliar los abusos de las actividades humanas
El final del siglo XX puede estar caracterizado, entre otras cosas, por el surgimiento de la conciencia medioambiental en los ciudadanos del planeta Tierra. En este comienzo del XXI ésta no deja de crecer. Hay muy pocas personas que no opinen que el medio ambiente nos afecta a todos por la influencia que tiene en nuestra presente calidad de vida y por nuestra futura supervivencia. Nadie duda ya de que la actividad humana influye directamente en la actual situación de nuestro planeta. Muchos son los retos que han generado los abusos de esta actividad; agua, aire, especies, bosques, sufren de diversas amenazas. Pero lo mismo que el problema es creado por el hombre éste también dispone de medidas y respuestas para controlar los posibles desastres. Ante este hecho la Unión Europea como marco común para los ciudadanos europeos está cada vez más comprometida en generar políticas y medidas ecológicas que nos permitan un mundo más sostenible.
Desde Maastricht
A lo largo de los 30 últimos años la UE ha tenido un papel cada vez más activo. En 1992, momento en que se adoptó el Tratado de la Unión en Maastricht, los líderes de la UE reconocieron que el medio ambiente no es un tema aislado: las decisiones adoptadas en otros ámbitos, desde el transporte a la agricultura, pasando por la ampliación, el comercio internacional o el desarrollo le afectan para bien o para mal. Asimismo, en Maastricht declararon que todas las políticas y actividades de la Unión deberán, en el futuro, tener en cuenta este hecho.
En 2001, la UE lanzó su sexto pro-grama de acción en materia de medio ambiente en el que se establecían las prioridades de acción, los objetivos prácticos y los medios para lograrlos de cara a 2010.
La Comisión Europea, a través de su oficina estadística Eurostat y de la Agencia Europea del Medio Ambiente, recoge los datos que permiten saber qué mejoras se han producido y cuáles son las áreas que necesitan de una intervención urgente. La Agencia Europea del Medio Ambiente desempeña un papel fundamental a la hora de recabar información. La UE creó la agencia con sede en Copenhague en 1990 con el fin de fomentar el desarrollo sostenible a través del suministro de datos pertinentes y oportunos a los responsables políticos y a la ciudadanía en general. Es el centro de la red europea de información y observación del medio ambiente (Eionet), que reúne a 660 organizaciones de defensa del medio ambiente en todo el continente. Entre los miembros de la agencia también figuran países vecinos de la UE.
Son muchas las áreas que se analizan, entre las que cabe destacar las siguientes: el cambio climático, la protección de la naturaleza y la diversidad, la salud y la calidad de vida y la gestión de los recursos naturales y de residuos.
Cambio climático
El cambio climático ya no es una predicción de ecologistas agoreros, éste ha quedado probado de forma sobrada y científica. En 2000, por ejemplo, un informe a cargo de 30 expertos alertó a los responsables políticos y al público en general sobre las distintas repercusiones del cambio climático en el sur y en el norte de Europa. 
La última década del siglo XX fue la más caliente registrada en Europa y se estima que la temperatura del planeta aumentará entre 1 y 6 ºC para el año 2100. Algunas regiones del norte de Europa hacen frente en la actualidad a lluvias e inundaciones sin precedentes todos los inviernos, al tiempo que la desertización avanza por el sur. A pesar de la reducción de algunas emisiones peligrosas, la calidad del aire sigue causando preocupación. En el verano de 2001, dos de cada tres días, los niveles de contaminación atmosférica, fruto del aumento del nivel de ozono en el aire, sobrepasaron los límites de seguridad en al menos un punto de Europa. El ozono del aire afecta a la salud humana, así como a los ecosistemas y a la agricultura. El aumento de las concentraciones medias de ozono desde 1994 ha incrementado la exposición a largo plazo de la población a este tipo de contaminación. La contaminación atmosférica se ha relacionado con el importante aumento de enfermedades pulmonares como el asma.
Las emisiones procedentes del trans-porte aumentan, así como la cantidad de residuos generados en Europa. El uso de pesticidas en la agricultura, que comenzó a caer a mediados de los noventa, ha empezado a aumentar de nuevo. En Europa se utilizan más de 30.000 sustancias químicas de fabricación humana, de cuyo impacto en la salud humana, que no es la única afectada, sabemos muy poco. La naturaleza y su biodiversidad siguen estando amenazadas por la repercusión que tiene la actividad humana en suelos, agua y aire a través de su agricultura, industria, turismo y el desaforado desarrollo urbano de alguno de los Estados miembros.
Desarrollo sostenible
Por ello, el denominado “desarrollo sostenible”, ese esfuerzo por garantizar que el crecimiento económico se lleve a cabo de modo que pueda ser viable en el futuro sin agotar los recursos o perjudicar a la sociedad, es uno de los principios que rigen la política medioambiental de la UE. Desde que la Cumbre de Río de 1992 hiciera hincapié en este término, diversas estrategias para conseguirlo se han ido dando. En la Cumbre de Gotemburgo (2001) los líderes adoptaron para sí lo que ha significado un cambio de actitud también en la sociedad. Por ello, ese mismo año, la Unión lanzó su sexto plan de acción en materia de medio ambiente (2001-2010) en el que se identificaron siete de los ámbitos en los que hay que seguir trabajando.
1. Contaminación atmosférica: “Aire limpio para Europa” es un nuevo pro-grama desarrollado en colaboración con los grupos de interés para fomentar la mejora de la calidad del aire.
2. Reciclado de los residuos: entre las acciones que cabría prever figuran el establecimiento de objetivos y la búsqueda de mercados.
3. Gestión de los recursos: el uso racional de los recursos debería fomentar la utilización de nuevas tecnologías y trasladar la carga fiscal a la utilización de recursos naturales.
4. Protección del suelo: área prioritaria en la que cabe destacar los problemas de la erosión y de la contaminación del suelo, así como el acondicionamiento del terreno.
5. Medio ambiente urbano: mejorar la calidad de vida de las ciudades requiere la actuación en varios frentes, entre los que cabe destacar la planificación urbana y la gestión de los residuos.
6. Uso sostenible de los pesticidas: progresiva eliminación del uso de los más peligrosos y control de otros pesticidas, tanto en los países candidatos a la adhesión y los países en desarrollo como en la UE.
7. Medio ambiente marítimo: las costas de Europa y el medio ambiente marino se ven amenazados por el desarrollo excesivo, la sobrecapacidad pesquera y la contaminación entre otros muchos problemas. En 2001, la UE aprobó una estrategia integrada de gestión de las costas en la que se establece un plan coherente y sostenible para proteger los 89.000 kilómetros de costa europea. Alrededor del 50% de la población vive en una franja de 50 kilómetros de anchura en el litoral, compartiendo esas zonas con parte de los ecosistemas más valiosos y frágiles de la Unión.
La puesta a punto de tecnologías limpias e innovadoras también contribuye a alcanzar un desarrollo sostenible. La UE concede ayudas a la industria y a las instituciones de investigación para desarrollar productos y tecnologías ecológicos. El crecimiento de la demanda favorece la expansión del mercado de este tipo de bienes y servicios ecológicos, lo que genera crecimiento y empleo y supone a su vez un incentivo para seguir avanzando por la vía de la inversión e innovación tecnológicas.
Incentivos
Tal vez mediante estos incentivos la UE consiga reducir sus emisiones en un 8% con respecto a los niveles de 1990 para el período 2008-2012 que es lo decidido en el acuerdo mundial de Kioto; en un 1% más al año a partir de 2012 y hasta 2020 y en un 70% a largo plazo.
La UE sigue trabajando por hacer cumplir su compromiso de aplicar el protocolo. La primera fase de este sistema cubrirá entre 4.000 y 5.000 grandes centrales eléctricas e instalaciones similares, que estarían, según lo estimado, en el origen del 46% de las emisiones de CO2 de la UE para el año 2010. Los Estados miembros conceden subsidios para limitar las emisiones de dióxido de carbono en dichas instalaciones. Las empresas que consigan permanecer por debajo del límite que se les haya asignado tendrán la posibilidad de vender el resto de sus derechos de emisión a otras empresas que no puedan respetar tales límites. Las empresas que quieran emitir más deberán comprar derechos adicionales a las empresas que dispongan de ellos y deseen venderlos. La UE estima que este sistema de comercio de los derechos de emisión animará a las empresas a reducir sus emisiones de forma rentable.
El Programa Europeo sobre el Cambio Climático (ECCP), lanzado en junio de 2000, también está diseñado para ayudar a la UE a respetar los compromisos de Kioto. Para su elaboración se consultó a amplios sectores de las partes interesadas, incluidos los siete grupos de trabajo técnicos que cubrían la energía, el transporte, la agricultura, la industria y otros sectores. En él se recogen más de 40 medidas que podrían reducir las emisiones a la mitad del nivel exigido por el Protocolo de Kioto. Algunas de las medidas legislativas ya en marcha, además del comercio de los derechos de emisión en la UE, abarcan el rendimiento energético de los edificios, los biocombusti bles, la integración de la eficacia energética en la contratación pública y los gases fluorados.
Otras 11 iniciativas cubren áreas como la ampliación de la investigación sobre cambio climático y otras 22 acciones de desarrollo a largo plazo incluyen la promoción de la generación de calor a partir de fuentes de energía renovables y mejoras tecnológicas en vehículos y combustibles. El ECCP enmarcará los futuros esfuerzos de la UE por introducir estrategias innovadoras para hacer frente al cambio climático. La UE también ha establecido objetivos para sustituir los combustibles fósiles por fuentes de energía renovables en varios sectores, entre los que figuran el de la generación de calor y electricidad y el del transporte. La financiación de la investigación ha sido fundamental para comprender los mecanismos del cambio climático y reaccionar ante sus efectos.
LA UE CREÓ EN 1990 LA AGENCIA EUROPEA DE MEDIO AMBIENTE PARA FOMENTAR EL DESARROLLO SOSTENIBLE A TRAVÉS DEL SUMINISTRO DE DATOS PERTINENTES Y OPORTUNOS A LOS RESPONSABLES POLÍTICOS Y A LA CIUDADANÍA EN GENERAL
Industria
La UE reconoce que es crucial el apoyo de la industria para la protección del medio ambiente. Esto significa que habrá que consultar al sector privado a la hora de redactar nuevas legislaciones, cofinanciar investigaciones y ofrecer incentivos a las empresas que mejoren su rendimiento ecológico. Los premios europeos de medio ambiente, por ejemplo, se conceden cada dos años a cuatro empresas que hayan destacado en este ámbito. El respeto del medio ambiente debería ser para las empresas tan importante como la satisfacción del cliente. En este sentido, la tendencia cada vez más marcada a la responsabilidad social del sector privado tanto en Europa como a nivel internacional está forzando a las empresas a examinar sus credenciales tanto en materia social como ecológica.
La actuación voluntaria es prioritaria para la UE. En 1998, por ejemplo, los fabricantes de coches europeos se comprometieron a desarrollar nuevos motores que redujeran las emisiones de CO2 y mejoraran la eficacia del combustible en alrededor de un 25% entre 1995 y 2008. Varios miles de empresas se han sumado al sistema de la UE de gestión y auditoria medioambientales (EMAS) y publican informes medioambientales regulares. En 2001, el sistema se extendió a todos los sectores económicos, incluidas las autoridades públicas, y la propia Comisión Europea, predicando con el ejemplo, adoptó los principios EMAS y estableció objetivos medioambientales internos.
Flor ecológica
La etiqueta ecológica de la UE, lanzada en 1992, otorga su distintivo en forma de flor a aquellos productos y servicios que satisfacen normas medioambientales muy estrictas. Ayuda a orientar el poder adquisitivo de los consumidores hacia las empresas respetuosas con el medio ambiente. La flor constituye la única etiqueta ecológica válida de Estados miembros, Islandia, Liechtenstein y Noruega. Ya puede encontrarse en cientos de productos en una amplia gama de categorías.
Además, la nueva política de producto integrada tiene como objetivo ayudar a la industria a reducir los residuos a través de mejoras en el diseño del producto, alargando la vida de los productos y haciéndolos más fáciles de reciclar o recuperar, ampliando al mismo tiempo el mercado de los productos ecológicos.
El uso de etiquetas ecológicas también sigue aumentando. Las iniciativas privadas emprendidas por las empresas como los Planes de Gestión Ambiental certificados, los informes y memorias ambientales y la participación en organizaciones internacionales que tienen como objetivo el desarrollo sostenible se están extendiendo, aunque no mejoran necesariamente los resultados ambientales. Las empresas de la UE son las pioneras en iniciativas empresariales ambientales, en particular las de la zona norte y oeste de Europa. Siendo menores en los países de Europa Central y Oriental. Las multinacionales están ampliamente representadas en las iniciativas ‘verdes’ y muy bien organizadas a través de grupos comerciales, pero las pequeñas y medianas empresas apenas han adquirido compromiso alguno con el medio ambiente.
Empresas competitivas y respetuosas
Las empresas empiezan a darse cuenta de que la adopción de tecnologías más limpias no sólo hace disminuir los costes, sino que mejora la imagen de marca y atrae nuevos clientes y consumidores. El objetivo de la UE es fomentar esta conciencia medioambiental de modo que todas las empresas de más de 500 empleados que coticen en bolsa entreguen tres columnas de resultados a sus accionistas: pérdidas, beneficios y resultados en materia social y medioambiental.
En general, el precio de los bienes y servicios deberá de empezar a reflejar con más precisión el coste medioambiental de los mismos. Para ello, deberá adaptarse el sistema fiscal para financiar el coste de las medidas compensatorias de los efectos sobre el medio ambiente de actividades como la generación de energía. Aunque es muy partidaria del carácter voluntario de muchas iniciativas, la UE también está a favor del establecimiento de normas y la imposición de fuertes multas a nivel europeo por delitos ecológicos.
La Directiva de 1996 sobre prevención y control integrados de la contaminación estipula las normas medioambientales aplicables a las empresas y obliga a las de determinados sectores a obtener permisos de explotación. Se actualizará de acuerdo con el programa europeo de cambio climático.
El Derecho comunitario consagra el principio de que quien contamina paga e insta a los Estados miembros a que refuercen sus medidas en materia de responsabilidad medioambiental de modo que la industria asuma sus obligaciones.
La producción industrial está aumentando en toda Europa, y la industria sigue siendo un importante sector de la economía en todas las regiones. Sin embargo, su peso en la economía está disminuyendo cada vez más en Europa Occidental en comparación con los países de Europa Central y Oriental. El principal reto en Europa Occidental es garantizar la protección del medio ambiente conservando al mismo tiempo una base industrial competitiva, especial-mente en este momento en que los sectores más contaminantes del sector productivo (minería, productos químicos) tienden a mostrar un crecimiento superior a la media industrial y en el que se han desarrollado mejoras técnicas a un menor coste. A la luz del aumento del transporte de mercancías, una necesidad particular es la de satisfacer la demanda de transporte que genera la industria. La contaminación puntual de los suelos a menudo tiene que ver con instalaciones industriales en desuso, accidentes industriales que tuvieron lugar en el pasado y una eliminación inadecuada de los residuos industriales.
LA ETIQUETA ECOLÓGICA DE LA UE, LANZADA EN 1992, OTORGA SU DISTINTIVO EN FORMA DE FLOR A AQUELLOS PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE SATISFACEN NORMAS MEDIOAMBIENTALES MUY ESTRICTAS
Financiación
La investigación sobre cuestiones medioambientales y los planes de protección del hábitat natural o del medio ambiente reciben financiación en virtud del Programa LIFE, los programas comunitarios de investigación y los pro-gramas de desarrollo regional. LIFE tiene un presupuesto de 317 millones de euros en el período de 2005 y 2006. Algunos países europeos y mediterráneos, pese a no ser miembros de la UE, también pueden recibir ayudas LIFE. Los proyectos medioambientales en países del sur del Mediterráneo también pueden acogerse a financiación gracias al programa MEDA de ayuda económica general a esta región. Las prioridades son la gestión integrada del agua, la gestión de residuos, los focos en que existe una amenaza especial de contaminación o para la biodiversidad, la gestión integrada de las zonas costeras y la desertificación.
El EMAS (sistema comunitario de gestión y auditorias medioambientales) permite a las empresas y a las organizaciones de servicios demostrar la alta calidad de sus normas ambientales.
La necesidad de reducir las subvenciones perjudiciales para el medio ambiente es algo generalmente aceptado hoy en día, pero en la práctica estas subvenciones siguen siendo frecuentes, especialmente en la agricultura, el sector de la energía y el transporte. Se ha avanzado muy poco en la internalización de los costes externos y en la reforma fiscal ecológica, es decir, trasladar la carga fiscal de los “buenos” a los “malos” (por ejemplo, a aquellos que producen daños ambientales).
Los Gobiernos y otros organismos del sector público, por sí solos, no pueden lograr la integración; también se necesita el compromiso de los sectores industrial y comercial. Las iniciativas empresariales “verdes”, los acuerdos negociados entre los Gobiernos y la industria, y los compromisos voluntarios de la industria son cada vez más frecuentes.
Delitos
La Comisión presentó, en marzo de 2001, una propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la protección del medio ambiente por medio del derecho penal. La Comisión estima que los delitos medioambientales superan las competencias comunitarias y que los objetivos pueden alcanzarse mediante la adopción de una decisión marco basada en el título VI del Tratado de la Unión Europea. El Consejo integró en la decisión marco varias disposiciones de la propuesta de la Comisión aunque no se integró la propuesta modificada de directiva que se presentó en octubre de 2002.
Los delitos graves contra el medio ambiente, según la definición de la Comisión, son actos que suponen un deterioro sustancial o un peligro manifiesto de deterioro sustancial del medio ambiente, mediante: una contaminación atmosférica, del agua, del suelo o del subsuelo; el almacenamiento o la eliminación de residuos o sustancias similares. El hecho de que el acto no forme parte del ejercicio normal de una actividad lícita, de que el delito sea de una magnitud considerable o de que haya tenido como efecto o por objetivo un beneficio económico, constituyen todos ellos circunstancias agravantes.
La magnitud de la infracción se aprecia examinando si el delito es de carácter sistemático o premeditado y si se ha intentado ocultar los hechos agravando los daños.
Los Estados miembros deben velar porque su derecho penal castigue con una sanción eficaz, proporcionada y disuasoria los delitos graves contra el medio ambiente, y contemple la posibilidad de una extradición. Las personas jurídicas también deben poder ser consideradas responsables, con arreglo al derecho penal, por este tipo de delitos.
Los objetos y el producto de dichos delitos deben poder ser embargados y decomisados. Por lo general, los delitos están contemplados en los principios contenidos en el Convenio del Consejo de Europa relativo al blanqueo, seguimiento, embargo y decomiso de los productos del delito, de 8 de noviembre de 1990.
Las personas declaradas culpables de un delito grave contra el medio ambiente son castigadas con pena de prohibición o inhabilitación para ejercer actividades que requieran autorización oficial si existe un riesgo de que se aprovechen de la situación. Del mismo modo, cuando sea necesario, una persona condenada puede ser castigada con pena de inhabilitación para ejercer su actividad u ocupar ciertos cargos de responsabilidad (fundador, director o miembro del Consejo de administración de una sociedad o de determinados organismos). Por último, deben preverse normas de indemnización por daños.
Las autoridades nacionales deben disponer de atribuciones y métodos de investigación que les permitan investigar y perseguir los delitos graves cometidos: en su territorio, incluso en los buques que estén registrados en él; por nacionales del Estado miembro o personas que tengan residencia permanente en él; por personas jurídicas cuya sede esté en su territorio.
Cada Estado miembro ha de garantizar la coordinación de las autoridades nacionales competentes para combatir este tipo de delitos y cooperar asimismo con los demás Estados miembros en la investigación y persecución de los delitos. La tramitación de las comisiones rogatorias relativas a este tipo de delitos debe ser rápida y la cooperación judicial efectiva. Los Estados miembros deben prestarse mutuamente la mayor asistencia posible, transmitir espontáneamente cualquier información pertinente para otro Estado, en caso de actuaciones judiciales o investigaciones, y para tomar medidas de descontaminación o de prevención. Con el fin de facilitar la coordinación y los intercambios, se establecen uno o más puntos de contactos en cada Estado miembro.
La Secretaría General del Consejo se encargará por el momento de administrar estos puntos contacto y de llevar un registro de competencias y conocimientos especializados para combatir los delitos graves contra el medio ambiente. No obstante, se considera la posibilidad de asignar ese cometido a Europol si se le otorgan competencias para los delitos contra el medio ambiente.
