Domingo Molina Moscoso: “El perfil de ingeniero técnico industrial es ideal para muchos cuerpos y plazas de la Administración”
Las TIC constituyen uno de los pilares de las medidas propuestas por la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (Cora). En octubre de 2016 se aprobaron las leyes 39 y 40, que suponen una actualización y adaptación al siglo XXI del funcionamiento de la Administración. ¿Qué retos tiene la transformación digital para hacer una Administración más eficiente y satisfacer a los ciudadanos?
Hemos de tener claro que el proceso de transformación digital es irreversible. El fin es mejorar esos servicios que damos a los ciudadanos y las TIC son una condición necesaria pero no suficiente. La estrategia TIC, que aprobó el Gobierno, se diseñó de forma alineada con las nuevas leyes administrativas 39 y 40, que entraron en vigor el pasado mes de octubre. El objetivo es que los ciudadanos perciban que las TIC están tan integradas en las Administraciones públicas que prefieran el uso de la vía electrónica a cualquier otra. Tenemos que conseguir servicios más sencillos, intuitivos e integrales. Por ejemplo, la carpeta ciudadana es uno de los proyectos horizontales en los que hemos estado trabajando desde hace un año. Es una plataforma para que todas las Administraciones públicas interoperemos pensando en el ciudadano, y que las que tienen me-nos medios presten los mismos servicios.
¿Qué pasos se han dado desde el 2 de octubre en el proceso de racionalización?
La Secretaría General de Administración Digital (SGAD) ahora, y antes la dirección TIC, tiene como misión principal liderar el proceso de racionalización de las TIC en todo el sector público. Intentamos hacer un uso eficiente para generar ahorros, no solo en TIC, sino también en el resto de actividades administrativas como consecuencia de una mayor homogeneidad y simplicidad. El instrumento de que dispone la SGAD es la declaración de servicios compartidos, que está regulada en el artículo 10 del Real Decreto 806/2014 que aprobó la gobernanza TIC. Los servicios compartidos persiguen un triple objetivo: el ahorro económico por la agregación de la demanda; las sinergias que se producen en los recursos humanos, y, por último, permiten incrementar la calidad del servicio de todas las unidades [tecnológicas]. Este proceso elimina la duplicidad de existencias mediante actuaciones correctivas y preventivas. La Administración General del Estado cuenta con 111 organizaciones TIC heterogéneas en tamaño y en presupuesto y tenemos 160 unidades con capacidad de contratación de tecnologías. Estamos dando grandes pasos en el proceso de racionalización. Por ejemplo, en el ámbito preventivo, está el proyecto CLAVE, una plataforma compartida para todas las Administraciones públicas para la identificación y firma electrónica mediante claves concertadas. Por otro lado, están el portal de transparencia y el portal de facturación electrónica FACE, que se ha convertido en referencia en el resto de Europa. Son servicios disponibles para cualquier Administración pública, desde las comunidades autónomas a las entidades locales. En el ámbito correctivo, el mayor éxito es la consolidación de las redes de comunicaciones de la Administración del Estado, en cuya primera fase conseguimos ahorros del 43% y una gestión mucho más simple, pasando de gestionar más de 200 contratos a uno solo.
Se han declarado un total de 14 servicios compartidos de uso obligatorio, des-de las telecomunicaciones a la seguridad gestionada, y los servicios de alojamiento de infraestructuras, de nube híbrida, de correo electrónico, el servicio multicanal de atención al ciudadano, la gestión de registros, notificaciones, nóminas, gestión de personal, gestión económico-presupuestaria, la generación y validación de la firma electrónica, la gestión de expedientes o documentos electrónicos. El grado de desarrollo de los servicios es desigual: las comunicaciones es el más avanzado, mientras que la consolidación de centros de proceso de datos requería de un gran impulso político y esto no ha estado favorecido con el año en funciones que vivió el Gobierno.
España parece estar muy bien posicionada en Administración electrónica, sobre todo en oferta de servicios digitales. Pero existe una brecha de uso por parte de algunos ciudadanos. ¿A qué se debe y cómo resolverlo?
La Administración española, como consecuencia de la ley 11/2007 que reconoció el derecho a relacionarse electrónicamente con las Administraciones, ha hecho un esfuerzo muy grande para garantizarlo. Se hizo un despliegue muy grande de servicios. Es cierto que eso no se corresponde con la demanda real y es una de las asignaturas pendientes. ¿Por qué no crece la demanda? No es un problema fácil de resolver; durante mucho tiempo tendremos un sector de la población que no será capaz de acceder a esos servicios electrónicos por sí mismos. Otros sí están capacitados y no los usan; en parte, es responsabilidad de los servicios digitales y por la capacitación y actitud del personal que les atiende. Son servicios mejorables en usabilidad y en poner el foco en el ciudadano. CLAVE persigue ese objetivo: simplificar y hacer más usable la identificación y la firma electrónica y se extiende poco a poco por todas las Administraciones. En esa línea, hemos de resolver los eventos vitales del ciudadano: no tiene sentido que cuando nace un niño, para darlo de alta se deba ir al INSS; luego, si trabaja la madre, ir a la Agencia Tributaria para solicitar la ayuda de maternidad, y así sucesivamente. ¿Por qué no poner todos esos servicios en una plataforma orientada al nacimiento de un hijo, de forma que con una sola interacción llegue la tarjeta sanitaria al domicilio, la transferencia de la Agencia Tributaria y la inscripción en el Registro Civil? En algunos casos, tenemos que ganarnos la confianza de los ciudadanos. La capacitación y actitud de los funcionarios pueden reconducir al ciudadano que se presenta en las oficinas administrativas. Hay casos en los que [los funcionarios] piden una fotocopia del DNI cuando su obligación es utilizar la plataforma de intermediación para verificar la autenticidad. Hemos de formar a estos funcionarios, a los que la firma electrónica o el documento electrónico les resulta lejano, para que puedan explicar sus ventajas. Las leyes 39 y 40 nos lo han puesto en bandeja, al establecer a las Administraciones públicas la obligatoriedad de tramitar todos sus expedientes electrónicamente.
«El objetivo es que los ciudadanos perciban que las TIC están tan integradas en las Administraciones públicas que prefieran la vía electrónica a cualquier otra»
Lleva una dilatada carrera en la Administración pública. ¿Qué le aporta su formación como ingeniero técnico industrial en su trabajo actualmente con un cargo de relevancia en el que toma decisiones estratégicas?
He tenido la oportunidad de trabajar con personal con la misma formación que recibí en la escuela de ingenieros técnicos. Te da una visión integral y rigor a la hora de abordar los problemas, pero con flexibilidad. Ayuda a trabajar de una forma metódica y recurrir lo mínimo a la improvisación. Es un perfil muy completo y polivalente.
¿Y por qué a pesar de ese perfil tan completo no es habitual encontrar en la Administración más ingenieros en puestos de tanta responsabilidad?
Salvo algunos cuerpos específicos, percibo que la mayoría de los funcionarios tienen un perfil de licenciado en derecho, económicas, etc. y son pocos los ingenieros técnicos los que optan por la función pública. Quizá desde el punto de vista profesional sea más atractiva la empresa privada. O que no hayamos sabido transmitir que el perfil industrial es perfectamente válido para la función pública; hay muchísimos puestos en los que se desempeñarían brillantemente. En nuestro caso, en el cuerpo de tecnologías de la información y las comunicaciones, sí que hay mucha diversidad de titulaciones. Aun así, tenemos una demanda muy por debajo de la oferta actual y en 2016 no se consiguieron cubrir todas las plazas, quedaron 20 de primer nivel. Para la oferta de empleo de 2017 me gustaría que los ingenieros técnicos vieran que existen cuerpos y plazas en los que en su perfil es ideal. La función pública es un lugar en el que se pueden desarrollar profesionalmente y alcanzar logros que no están al alcance de casi ninguna empresa, por desgracia, en España: transformar la sociedad desde la Administración pública.
La digitalización es positiva pero también perjudica la privacidad de los datos. El exceso de seguridad informática puede llegar a bloquear la prestación de servicios al ciudadano. ¿Cómo encontrar un equilibrio razonable entre seguridad y la oferta de servicios?
El exceso de celo por la protección de los datos en las Administraciones públicas está siendo un impedimento para la rápida evolución de los servicios. Según la regulación sobre protección de datos, la Administración solo puede utilizar el dato para lo que ha recabado, de forma que si lo necesita para otros usos en otra área no se pueda utilizar salvo que haya una nota que lo habilite. Podríamos ver ejemplos en los que los datos podrían dar un servicio muy bueno, pero por la interpretación que hacen los gestores de la normativa no podemos llegar a darlos. Antes, para obtener un descuento al sa-car un billete de avión o barco, un residente en las islas tenía que llevar una documentación. Ahora se hace a través de la plataforma de intermediación, gracias a la valentía de los gestores del Ministerio de Fomento, que apostaron por la legalidad para compartir ese dato en beneficio del ciudadano. Trabajamos en estrecha colaboración con la Agencia Española de Protección de Datos para ayudar a vencer las cautelas de los gestores. Me preocupa mucho más la seguridad en la prestación de servicios y trabajamos para ser un objetivo cada vez menos vulnerable y atractivo a los ataques.
