Detrás de las intolerables cifras de siniestralidad laboral en España, muy superiores a las de la Unión Europea, se esconden no pocos dramas humanos cuya superación requiere del esfuerzo común y coordinado de todos los agentes involucrados: Administración, empresas y trabajadores. La promoción de una verdadera cultura de prevención que impregne todas las actividades productivas y todos los puestos de trabajo debe ser el objetivo principal de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo, actualmente en discusión. Este documento será el que defina, junto con una mayor y mejor actuación de la Inspección de Trabajo y un cumplimiento más estricto de las normativas en materia laboral, el futuro de la salud laboral de nuestro país que hoy se encuentra en entredicho.
Insoportable. Intolerable. Inaceptable. Desgraciadamente, nos hemos acostumbrado a que sea en éstos o en parecidos términos el modo en que año tras año se califica la evolución de la siniestralidad laboral en España. Y lo peor de todo es que difícilmente se podría hacer de otra forma, ya que si en nuestro país existe un problema social realmente persistente y preocupante, ése no es otro que el de los accidentes laborales.
Así lo han entendido también los distintos gobiernos españoles, que durante la última década han llevado a cabo un importante esfuerzo normativo para intentar prevenir esta auténtica lacra que amenaza con lastrar sin remedio la aparente buena salud de la que actualmente goza nuestro mercado de trabajo. Entre otras iniciativas, y para evitar que el trabajador tenga que pagar su trabajo con algo más que con el sudor de su frente, a lo largo de estos diez últimos años se ha promulgado y modificado la Ley de Prevención de Riesgos Laborales; existe una quincena de reglamentos en vigor y se han divulgado 74 medidas contenidas en un Plan Nacional de Siniestralidad; se ha puesto en marcha un plan de choque en las 30.000 empresas españolas que copan la mitad de los accidentes; se ha constituido la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales y se ha creado la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como, más recientemente, la figura del fiscal de Sala Coordinador de Siniestralidad Laboral. Además, se ha declarado el 28 de abril como Día Internacional de la Salud y Seguridad en el Trabajo.
Cifras escalofriantes
Esta intensa labor, sin embargo, no ha dado los frutos que en un principio cabría suponer, por lo que la siniestralidad laboral mantiene aún hoy su trágico protagonismo. Según Comisiones Obreras (CC OO), cuyos datos suelen coincidir con los aportados por el Ministerio de Trabajo, 1.352 personas perdieron la vida mientras trabajaban o de camino a sus puestos de trabajo durante el año pasado, lo que supone 17 muertos menos que en 2005. Una reducción que constituye un mal consuelo cuando se constata que una media de cuatro trabajadores murieron cada día de 2006 víctimas de la inseguridad en sus empleos y que el número total de accidentes con baja aumentó más de un 3% hasta superar, por primera vez en cuatro años, el millón de afectados.
Estas escalofriantes cifras de muertos y heridos en el ámbito laboral y que, según destacó CC OO, conllevan un coste global en pérdidas de unos 12.000 millones de euros anuales –el equivalente al 2% del PIB–, dejan al descubierto la vergonzosa diferencia que todavía nos separa del resto de los mercados laborales europeos. No es ya sólo que España acapare cerca del 20% de los accidentes laborales que se producen en la Unión Europea de los Quince, sino que mientras que en en la UE se registra una media de 4,1 muertos por cada 100.000 trabajadores, en nuestro país esta proporción se eleva hasta los 6,3 muertos.
Escasa cultura de prevención
Pero ¿qué ocurre para que a pesar de que estas diferencias se conocen y se lamentan desde hace años la pérdida de vidas humanas continúe sonrojándonos?
En primer lugar, la opinión más extendida es que esta alta siniestralidad, que se ceba especialmente en los sectores de la construcción y los servicios, no se debe sólo a los mayores índices de actividad económica y de nivel de ocupación actuales, sino que, entre otras causas, esta epidemia social obedece principalmente a la falta de una verdadera cultura de prevención, generalizada en todos los ámbitos de la sociedad española, al insatisfactorio y escaso cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales y al desconocimiento de las ventajas que pueden derivarse de una adecuada prevención de éstos.
A esta lista de posibles causas los sindicatos añaden además las de la elevada tasa de temporalidad del mercado laboral español –la incidencia de sufrir un accidente es dos veces más alta entre los asalariados con contrato temporal que entre quienes tienen un contrato indefinido– y la escasa formación de los trabajadores en materia de seguridad e higiene en el trabajo. –En España, en el 48% de los centros de trabajo no se ofrece una información sobre seguridad laboral ni al inicio del contrato ni cuando el trabajador cambia de actividad, frente al 32% de la UE–.
Aunar esfuerzos
Para corregir este déficit en prevención, se hace imprescindible aunar los esfuerzos de todos los sectores implicados –administraciones públicas, organizaciones empresariales y sindicales y entidades y asociaciones involucradas– para extender a todo el universo laboral la cultura de la prevención y seguridad en el trabajo.
En la práctica, este anhelo debería materializarse, por parte de la Administración, en poner los recursos financieros y humanos que sean necesarios para que tanto las empresas como los trabajadores cumplan a rajatabla todas las nor-mas de seguridad que figuran en las leyes y reglamentos laborales; y en dejar claro a los culpables que el peso de la ley caerá sobre ellos sin vacilaciones.
Diferentes propuestas
En este sentido, y al margen de las diversas propuestas que distintos agentes implicados ya han puesto sobre la mesa, y que van desde tipificar como delito el incumplimiento flagrante, sistemático y peligroso de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, hasta la penalización a las empresas que carezcan de buenas prácticas preventivas, de tal forma que se les pueda llegar incluso a negar la licencia (una especie de carné por puntos); la exigencia de nula siniestralidad laboral a las compañías que quieran fir-mar contratos con el Estado, o la publicación en los Boletines Oficiales de algunas Comunidades Autónomas de los nombres de las empresas que incurran en infracciones graves o muy graves en materia de seguridad laboral, lo cierto es que el Gobierno parece decidido a declarar la guerra a la siniestralidad laboral, tal y como le exigen los sindicatos, y dar así, de paso, cumplimiento a lo prometido por el presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, en su discurso de investidura de hace tres años.
En su lucha contra este auténtico drama social y humano, el Gobierno ha impulsado diferentes medidas a lo largo de 2006. Entre otras, cabe destacar la creación de la Fiscalía de Sala de Coordinador de Siniestralidad Laboral, un puesto que desde el pasado abril ocupa Juan Manuel Oña, para quien la cultura de la prevención, además de un imperativo moral y ético, debe traducirse –como ya está ocurriendo– en exigencias jurídicas. Su finalidad, como él mismo señala, es conseguir que el lugar de trabajo no sea un centro de riesgo del que nos libramos si la suerte nos acompaña. 
Servicios de Prevención
Por otro lado, el Consejo de Ministros aprobó a mediados de mayo un Real Decreto que modifica el Reglamento de los Servicios de Prevención de 1997. Esta nueva normativa, fruto del consenso social, precisa, en primer lugar, los casos en que los recursos preventivos de la empresa deberán estar presentes para verificar que las actividades preventivas se llevan a cabo de manera efectiva y son adecuadas para combatir los riesgos laborales detectados. En segundo lugar, este RD define las actividades que deben considerarse peligrosas o con riesgos especiales, tanto para exigir una mayor actividad preventiva de la empresa como para reforzar el cumplimiento de la ley en estos casos, asociando consecuencias más graves para las infracciones que se comentan al ejecutar estas actividades. Por último, el texto mejora la calidad de los sistemas de gestión de la prevención, perfeccionando el sistema de auditorías de las actividades preventivas y aumentando su eficacia.
Límites a la subcontratación
Asimismo, el Congreso de los Diputados aprobó en septiembre el texto definitivo de la Ley reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción, una norma que entrará en vigor el próximo 19 de abril y con la que se quiere limitar la subcontratación y la temporalidad desenfrenadas, dos de los principales culpables de los altos índices de accidentabilidad en la construcción. A pesar de que todos consideran pausible que esta ley introduzca unas pautas de actuación ante el fenómeno de la descentralización productiva, no han faltado voces que critican que su regulación se ciña exclusivamente a la construcción, cuando hay otros sectores, como los servicios, que presentan una mayor siniestralidad.
Del mismo modo, también ha resultado esclarecedor la reciente reforma del Sistema de Reconocimiento de Enfermedades Profesionales, que permitirá conocer e identificar las enfermedades que realmente se producen en el trabajo y, en consecuencia, definir políticas preventivas específicas y adecuadas a la magnitud y gravedad de cada caso.
La piedra angular
Pero con todo, sin duda la principal apuesta gubernamental para poner coto a los accidentes laborales es la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo, un documento aún en discusión y que deberá ser la piedra angular sobre la que descansen todas las políticas en salud laboral de los próximos años, al igual que lo fue en su momento el Plan Nacional de Acción contra la Siniestralidad Laboral de 1998.
LA REDUCCIÓN EN EL NÚMERO DE FALLECIDOS EN 2006 ES UN MAL CONSUELO SI SE CONSTATA QUE CADA DÍA MURIERON CUATRO TRABAJADORES VÍCTIMAS DE LA INSEGURIDAD EN SUS EMPLEOS Y QUE LA CIFRA TOTAL DE ACCIDENTES CON BAJA AUMENTÓ MÁS DE UN 3% HASTA SUPERAR, POR PRIMERA VEZ EN CUATRO AÑOS, EL MILLÓN DE AFECTADOS
La Estrategia, cuyo primer borrador fue presentado por el Ministerio de Trabajo a los interlocutores sociales el pasado 20 de octubre, propone una batería de medidas a adoptar entre 2007 y 2011 para reducir la siniestralidad laboral y extender la prevención a todo el tejido empresarial, en particular a las pequeñas y medianas empresas en las que se concentran el mayor número de accidentes, que podrán cambiar las sanciones impuestas por inversiones en actuaciones preventivas.
El documento contempla asimismo rebajas en las cotizaciones de accidentes temporales y enfermedades profesionales para aquellas empresas, con independencia de su tamaño, que impulsen recursos propios de prevención en lugar de tenerlos externalizados.
En el caso exclusivo de las pequeñas y medianas empresas, el Ministerio de Trabajo pretende premiar a aquellas sociedades que vayan más allá en el cumplimiento de sus obligaciones preventivas, es decir, que destaquen por sus inversiones en prevención de riesgos laborales o en las que se constate una evolución favorable de la siniestralidad laboral durante un determinado período de tiempo.
Para estos supuestos, el borrador de la Estrategia recoge ayudas directas, incentivos fiscales, reducción de la cotización por las contingencias de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales o, en igualdad de condiciones objetivas, preferencias en la adjudicación de contratos o en la concesión de subvenciones o ayudas públicas.
El Ministerio de Trabajo también quiere rebajar la burocracia para que a las empresas de menos de 50 trabajadores les resulte más sencillo cumplir la normativa de prevención. Para ello, plantea la posibilidad de que éstas puedan realizar de forma simplificada el plan de prevención de riesgos laborales, la evaluación de los riesgos y la planificación de prevención de actividades laborales.
Sin embargo, la Estrategia, que debe estar en funcionamiento en 2007, ha topado con la negativa de los empresarios a aceptar dos de las 92 medidas del borrador: que en las pymes existan delegados territoriales y sectoriales que representen a los trabajadores y que éstos puedan intervenir en la contratación del servicio de prevención, por lo que el Gobierno ha decidido replantear el formato de negociación y mantener reuniones con los sindicatos y la patronal por separado.
La Inspección de Trabajo
A la espera de que se retomen las conversaciones –aunque el Ministerio ya ha anunciado su intención de aprobar la Estrategia con o sin el acuerdo de los agentes sociales–, las miradas se centran en otra de las piezas fundamentales para acabar con la siniestralidad: la inspección de trabajo.
Este cuerpo especializado de la Administración, que el pasado año celebró el centenario de su creación, se enfrenta a no pocos problemas derivados de su falta de medios materiales y, sobre todo, humanos. Según datos de la propia Inspección de Trabajo, la plantilla actual está integrada por 772 inspectores y 799 subinspectores, además de 1.640 trabajadores de personal de apoyo, un número ridículamente bajo para vigilar el cumplimiento de la normativa preventiva en los más de dos millones de empresas españolas, más aún si tenemos en cuenta que sólo los primeros pueden actuar en materia de prevención de riesgos laborales.
Que España, la novena economía mundial, consiga dejar atrás unas cifras estadísticas tan negativas compete a to-dos: administración, empresas y trabajadores. Bien merece la pena intentarlo si con ello se evitan los dramas humanos que se esconden en la fría trastienda de los números.
Seguridad industrial: una realidad compleja
En algunas empresas el riesgo laboral aparece indisolublemente
ligado al riesgo patrimonial. Quizá por ello la seguridad moderna
fue introducida por la industria química para posteriormente adaptarse,
ya más perfeccionada, a la industria nuclear.
En la actualidad, la seguridad industrial es una realidad compleja
que abarca desde la problemática estrictamente técnica hasta
diversos tipos de efectos humanos y sociales. Aceptando que se
trata de una disciplina que no debe considerarse como un conjunto
de preceptos totalmente consolidados, porque éstos han de
evolucionar al igual que lo hacen las aplicaciones tecnológicas,
la seguridad industrial puede definirse como el conjunto de herramientas
que tienen por objeto la prevención y limitación de riesgos,
así como la protección contra accidentes y siniestros capaces
de producir daños o perjuicios a las personas, la flora, la fauna,
los bienes o el medio ambiente, derivados de la actividad industrial
o de la utilización, funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones
o equipos y de la producción, uso o consumo, almacenamiento
o desecho de los productos industriales. Así entendida,
nos referimos a seguridad de acceso a la información, de los
procesos, de los edificios e instalaciones, de la salud y sustancias
tóxicas, de control ambiental y ruidos, de materias inflamables y
explosivos, de protección personal y contra incendios, de manejo
y almacenamiento de materiales, de protecciones en máquinas,
de soldadura, de riesgos eléctricos, de la construcción…
Es obvio que la seguridad absoluta no existe, y que los riesgos
naturales y biológicos confieren a nuestra vida un marco de desarrollo
no exento de sobresaltos. De igual forma, en la seguridad
industrial tampoco puede existir la seguridad absoluta, si bien al
nivel de desarrollo al que se ha llegado permite afirmar que la
aparición de nuevas tecnologías y nuevos medios de producción y comercialización no comporten niveles de inseguridad inaceptables
para la población ni para las personas profesionalmente
expuestas a los riesgos industriales.
En la práctica totalidad de las aplicaciones industriales, el hombre
se encuentra rodeado de fenómenos físicos que no están en
su estado habitual o más estable: cargas eléctricas separadas,
aparatos de alta presión, vehículos impulsados a alta velocidad,
hornos a muy altas temperaturas… Gracias a esas y otras
alteraciones, el hombre puede disponer de luz y motores eléctricos,
recorrer grandes distancias en breves plazos de tiempo o
fabricar mejores y más baratos materiales para su vida, vivienda
o confort. Precisamente, el objetivo de la seguridad industrial es
velar porque todas esas actividades se realicen sin secuelas de
daño para los profesionales que las ejecutan ni las personas
en general, además de para los bienes y el medio ambiente.
En los últimos años, y como consecuencia de la creciente preocupación
por el riesgo, la seguridad industrial ha ido cristalizando
en una serie de leyes, decretos y reglamentos que articulan de
manera eficaz las exigencias planteadas en esta materia. Aunque
prácticamente todos los países han tomado iniciativas en
este sentido, puede decirse que sólo los más avanzados y de
mayor tradición tecnológica disponen en la actualidad de una
legislación sobre seguridad industrial realmente completa. A
pesar de su trascendencia, no sólo por la prevención de accidentes
que su implantación comporta, sino también por sus
importantes efectos económicos y sociales, la bibliografía sobre
seguridad industrial es más bien escasa, remitiéndose en muchos
casos para su estudio a los más comunes y extendidos manuales
sobre especificaciones técnicas de instalaciones y equipos
y códigos de práctica.
INTERNET
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo
http://www.mtas/es/insht
El Instituto Nacional de Seguridad
e Higiene en el Trabajo
(INSHT) es un órgano científico-
técnico especializado de
la Administración General del
Estado que tiene como misión
el análisis y estudio de
las condiciones de seguridad
y salud en el trabajo, así como
la promoción y apoyo a la
mejora de las mismas. Para ello establece la cooperación necesaria con
los órganos de las Comunidades Autónomas en la materia. Con sede central
en Madrid, el instituto cuenta con cuatro centros nacionales en Madrid,
Barcelona, Sevilla y Vizcaya, además de con dos gabinetes técnicos provinciales
en Ceuta y Melilla.
Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales
http://www.funprl.es
Creada de acuerdo con lo
dispuesto en la Ley de Prevención
de Riesgos Laborales,
el objetivo de esta fundación
es promover la mejora
de las condiciones de
seguridad y salud en el trabajo,
especialmente en las
pequeñas empresas, a través
de acciones de información, asistencia técnica, formación y promoción
del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos.
Otros sitios de interés
www.osha.europa.eu/OSHA
Sitio de la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo. Se
encarga de recopilar, analizar y promover informaciones relacionadas con
esta materia en la UE.
www.ilo.org/public/spanish/index.htm
Web de la Organización Internacional del Trabajo.
www.eurofound.europa.eu
Página de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de
Vida y Trabajo. En inglés.
www.mtas.es/insht/cnsst/index.htm
Web de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
www.amat.es
Página de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo.
www.apa.es
Web de la Asociación de Prevención de Accidentes.
www.anepa.net
Asociación Nacional de Entidades Preventivas Acreditadas.
www.aspaprevención.com
Página de la Asociación de Servicios de Prevención Ajenos.
www.ceoe.es/webceoe/htmls/inicio/inicio.html
Web de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales.
www.cepyme.es
Web de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa.
www.ccoo.es/csccoo
Página de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras.
www.ugt.es/
Web del sindicato Unión General de Trabajadores.
