La demanda de gas en España empieza a dar síntomas de cierta recuperación tras el desplome de 2009. Considerado el combustible fósil menos contaminante, el sector defiende su papel crucial para el cumplimiento de los objetivos del Paquete Verde de la Unión Europea y como garante del sistema energético por su capacidad de entrar en funcionamiento inmediatamente para suplir la intermitencia de la generación de origen renovable cuando no sopla el viento ni brilla el sol. Descolocados por los cambios en las reglas del juego regulador, que priman a estas tecnologías limpias y han abocado a las centrales de gas a funcionar al 30% de su capacidad, la industria reclama al Gobierno que asegure las millonarias inversiones realizadas por el sector durante esta última década y que les retribuya, por tanto, no solo por las horas de funcionamiento de mercado, sino, además, por su servicio de respaldo a las renovables. Y también que cierre de una vez un pacto de Estado de energía que contribuya a la estabilidad del sector energético, en general, y del gasista en particular.
La industria del gas no acaba de entrar en calor en España, aunque empieza a dar síntomas de cierta recuperación. Después de un 2009 para olvidar, el sector tiene previsto cerrar este ejercicio con una caída de su demanda cercana al 2%, según datos avanzados recientemente por Gas Natural Fenosa.
Las empresas gasistas añoran ahora los años dorados de principios de la actual década, en los que el consumo de este hidrocarburo incoloro e inodoro, más ligero que el aire y compuesto principalmente por metano crecía a ritmos de dos dígitos anuales.
Eran tiempos –inicios de 2000– en los que, según recuerdan los expertos, nuestro país tuvo que afrontar tal falta de capacidad de generación eléctrica que incluso bordeó el abismo del desabastecimiento. Entonces, la apuesta, y también la solución, fue el gas. Con él, llegaron las inversiones millonarias que permitieron superar con éxito este episodio crítico derivado de nuestra secular dependencia energética del exterior.
El resultado de este ingente esfuerzo, que la industria ha cifrado en más de 10.800 millones de euros durante estos 10 últimos años, se ha traducido en más de medio centenar de centrales de ciclos combinados, 22.000 megavatios de potencia instalada, seis plantas de regasificación de gas natural licuado (GNL) en funcionamiento –Barcelona, Sagunto, Cartagena, Huelva, Murgados y Bilbao– y otras tres en construcción –Asturias, Tenerife y Gran Canaria–, cerca de 10.000 kilómetros de gasoductos de distribución, dos almacenamientos subterráneos operativos y otros dos en fase de ejecución, tres yacimientos, dos conexiones de importación desde Argelia y otras cuatro bidireccionables –dos con Francia, por Larrau e Irún, y otras dos con Portugal, por Badajoz y Tuy–, amén de numerosas instalaciones auxiliares, estaciones de compresión y plantas satélite de GNL.
Posición de liderazgo
Supone todo un complejo entramado de infraestructuras que hoy permite que más de la mitad de la capacidad regasificadora europea se desarrolle en España, pero, sobre todo, que nuestro país sea hoy uno de los mejores sistemas y mercados de gas del mundo, tal como destacan desde la Asociación Española del Gas (Sedigas).
Aunque nadie cuestiona este protagonismo internacional la industria del gas prefiere, por si acaso, sacar pecho y no hay día en que no destaque el papel trascendental que el sector desempeña en la economía nacional.
Y no solo porque la industria gasista aporte 8.500 millones euros al PIB, muy por encima de los 4.780 del textil, o los poco más de 4.800 millones de las renovables, o por los más de 52.700 empleos que genera, sin contar los miles de puestos de trabajo que ocupan los instaladores de gas. Ni siquiera por los 6.373 millones de euros en valor agregado.
Los galones que reclama el sector se basan, fundamentalmente, en sus ventajas competitivas estrictamente energéticas, las mismas que, por otro lado, impulsaron a partir de este siglo su crecimiento geométrico: la eficiencia, la flexibilidad y la seguridad en el suministro.
Así, Enagas, el gestor técnico del sistema y principal compañía transportista de gas natural en España, afirma que se trata de una fuente de energía segura, que dispone de tecnologías ya maduras y muy probadas y que es el combustible fósil menos contaminante, tanto en la fase de extracción, acondicionamiento y transporte como en la de utilización.
En este sentido, un reciente estudio realizado por la firma especializada Garrigues Medio Ambiente y la Universidad Pontifica de Comillas con la colaboración de Sedigas, destacaba el papel crucial del gas natural en la reducción de gases de efectos invernadero (GEI). En concreto, este documento, titulado Contribución del sector gasista a los objetivos del Paquete Verde de la Unión Europea, cifra en entre el 76,9% y el 84,2% el potencial de esta fuente de energía al cumplimiento del objetivo marcado para España en 2020 por la UE de reducir en un 20% las emisiones de gases contaminantes, mejorar en otro 20% la eficiencia energética y alcanzar una participación también del 20% de las energías renovables en el consumo final de energía.
El más flexible de Europa
Junto con sus beneficios medioambientales, la patronal del sector resalta que el aprovisionamiento español es el más diversificado y flexible de Europa, lo que reduce los niveles de incertidumbre de aportación de energía.
Y es que, a diferencia de lo que ocurre en la mayoría de países europeos, que reciben gas fundamentalmente de uno o pocos mercados, en España la seguridad en el suministro está garantizada con el aprovisionamiento desde 12 países diferentes, tras la reciente incorporación de Estados Unidos a una lista de proveedores que encabeza Argelia.
Además, el mayoritario abastecimiento de gas natural a nuestro mercado mediante buques metaneros en forma de GNL (durante los seis primeros meses del año, el 79% del gas natural ha seguido esta vía, mientras que el 21% restante lo ha hecho a través de gasoducto), junto con el hecho de que España cuente con el mayor número de plantas de regasificación del continente, proporcionan al sistema español una elevada flexibilidad a la hora de planificar o modificar el origen de entrada del gas.
Alternativa en todos los sectores
Todo ello, determina que el gas natural en España sea hoy reconocido como una alternativa ventajosa en todos los sectores de actividad (eléctrico, industrial, residencial y transporte), según se refleja en el estudio La industria del gas: una garantía actual y de futuro, elaborado por Mercados EMI (Energy Market International).
Así, el informe señala que el gran potencial del gas natural en el sector industrial se encuentra en la cogeneración, la sustitución de combustibles y, en menor medida, el biogás.
Asimismo, destaca que al gas se le abre, igualmente, un amplio abanico de posibilidades en el sector residencial, comercial e institucional, nichos de mercado en los que cuenta con buenas expectativas de desarrollo, principalmente, como sustituto de combustibles más contaminantes en climatización y agua caliente sanitaria, microcogeneración y respaldo a la energía solar en casos de escasa radiación.
Finalmente, el estudio de mercados EMI recuerda que en el sector del transporte los vehículos de gas natural ofrecen ya las mismas prestaciones que los de gasolina y gasóleo, si bien generan menos emisiones y menor gasto económico de combustible.
Los analistas de esta consultora especializada en el sector energético opinan, además, que la demanda de gas natural crecerá a una tasa promedio del 3,4% anual hasta 2030 y que este combustible fósil, del que se estiman que existen reservas mundiales probadas de cerca de 181.000 millones de metros cúbicos (bcm), lo que equivale al consumo de los próximos 60 años, seguirá siendo la fuente energética más utilizada en el mundo (en la actualidad representa el 20,9% del consumo de energía primaria) y supondrá el 30% del mix energético de la UE en 2030, el 4% más que ahora.
Sin embargo, desde el pasado año esta potente y fiable industria ha visto cómo se resquebrajaban todas estas expectativas por culpa de la crisis económica y la consiguiente caída de la demanda, el shale gas –un gas no convencional procedente de pizarras que está viviendo un importante boom en Estados Unidos, aunque no así en Europa, donde su desarrollo aún es controvertido por el impacto medioambiental que genera y la gran cantidad de agua que se necesita para su extracción–, y la entrada masiva de las renovables, sobre todo de la eólica y la solar fotovoltaica, pero también de la hidráulica, que en 2009 desplazaron al gas como la vedette del sistema.
Para el sector, la participación cada vez más destacada de las llamadas energías verdes en la generación eléctrica han llevado a que en España exista una sobrecapacidad instalada. Además, la industria gasista se queja de que les han cambiado las reglas en mitad del partido, ya que el sistema prioriza en la actualidad la entrada de las energías renovables cuando están disponibles y el gestor, Red Eléctrica Española, marca la puesta en marcha del resto tecnologías hasta cubrir la demanda necesaria.
La rentabilidad, en juego
Esta discriminación positiva a favor de las tecnologías limpias ha descolocado el sector gasista, que, de repente, teme no poder rentabilizar las fuertes inversiones que ha llevado a cabo durante los últimos años en centrales de ciclos combinados e infraestructuras que ahora apenas funcionan al 30% de su capacidad.
Pero no siempre sopla el viento, hay agua o brilla el sol. Cuando esto ocurre, el gas natural se convierte en garante del sistema energético por su capacidad de entrar en funcionamiento inmediatamente y de asegurar así, en cualquier situación de punta de consumo, la demanda de electricidad.
Y el sector del gas quiere cobrar por ello. Sostiene, en este sentido, que sin el gas España tendría riesgo de apagones de luz. Y ofrece datos: asegura que en lo que va de año las centrales de ciclos combinados han estado cuatro días al 90% de su capacidad y otros 11 al 80%, salvando literal-mente al sistema eléctrico de un colapso.
Por ello, los gasistas reclaman al Gobierno que tenga en cuenta el papel indispensable que desempeñan dentro del actual mix energético como única tecnología gestionable y de back-up del sistema, y les retribuya en consecuencia no solo por las horas de funcionamiento, sino también por estar de guardia.
Pero, además, demanda al Ejecutivo de Rodríguez Zapatero que se atenga a los objetivos fijados por la Comisión Europea de que el 20% del consumo de energía final proceda de fuentes renovables en 2020, en lugar del 22,7% que figura en el Plan de Acción Nacional en materia de Energías Renovables (PANER 2011-2020) que el Ministerio de Industria acaba de remitir a Bruselas.
LA DEMANDA DE GAS NATURAL CRECERÁ A UNA TASA DEL 3,4% ANUAL HASTA 2030. PARA ESA FECHA REPRESENTARÁ EL 30% DEL MIX ENERGÉTICO DE LA UNIÓN EUROPEA, UN 4% MÁS QUE AHORA
Para la patronal española del gas, el 20% fijado para España por la UE en el llamado paquete verde es ya de por sí un reto lo suficientemente ambicioso como para plantearse esfuerzos adicionales. Sedigas entiende, en este sentido, que este porcentaje superior es una presión prescindible que el sector no necesita, además de que puede representar, si el origen de esta sobreproducción es termosolar y fotovoltaica, un impacto económico para el consumidor final de unos 3.700 millones de euros en concepto de primas concedidas.
En cualquier caso, el sector explica que la batalla del gas no es contra las renovables, dos tecnologías que en el actual sistema energético define como complementarias y sostenibles. Porque, entre otras cosas, la industria está convencida de que cuanto mayor sea la apuesta por aquellas mayor será el papel que desempeñe el gas natural y, en consecuencia, más necesario será contar con una red de infraestructuras gasistas que garantice el suministro energético.
Pacto de Estado de energía
Lo que realmente tiene preocupada a la patronal del gas es que el Gobierno y los partidos de la oposición no acaben de llevar a buen puerto las conversaciones que mantienen desde hace tiempo para sellar un pacto de Estado de energía que siente las bases de una política energética sólida y a largo plazo que contribuya de manera decisiva a la estabilidad del sector energético, en general, y del gasista, en particular.
Este acuerdo, en su opinión, constituye una oportunidad única para poner fin a los problemas estratégicos generados por una regulación inadecuada y la mala planificación energética de hace unos años, cuando Industria simplemente se limit? a trasponer las directivas europeas sin tener en cuenta las particularidades de partida del sistema espa?ol.
Dicen, pues, que ha llegado la hora de que la pol?tica energ?tica hable, de una vez, con claridad y orden y decida por qu? mix energ?tico apuesta con vistas al futuro. Porque, como se?ala alg?n que otro analista, de c?mo se resuelva esta burbuja depender?, en buena medida, la manera en que Espa?a salga de la peor crisis econ?mica que ha vivido en los ?ltimos 30 a?os.
Sin embargo, las ?ltimas noticias no invitan precisamente al optimismo. Despu?s de un a?o y medio de trabajo y de escuchar la opini?n de 60 expertos, la subcomisión del Congreso de los Diputados creada para alcanzar un pacto energético para los próximos 25 años parece que, final-mente, no llegará a un acuerdo sustancial, ni siquiera sobre uno de los pocos puntos sobre los que, en principio, parecía haber un cierto consenso: la necesidad de repartir el sobrecoste de las renovables entre todos los consumidores del sector energético, y no solo sobre los eléctricos, ya que entendían que estas energías benefician al conjunto de la sociedad al disminuir significativamente nuestra dependencia exterior.
Y es que hasta mediados del pasado mes de septiembre, a dos meses de que se cumpliera el plazo fijado para alcanzar un acuerdo, que vencía el 18 de noviembre, los diputados solo habían alcanzado un principio de acuerdo en nueve de las 23 conclusiones que habían debatido, aligerando así de contenido un texto en el que ya no figuran otros temas candentes como es la necesidad de prolongar o no la vida de las centrales nucleares, cuyo debate ha quedado definitivamente aparcado hasta la próxima legislatura.
Más capacidad de almacenamiento
Entre los pocos asuntos en los que parece que sí habrá una postura común por parte de los diferentes grupos políticos destacan el desarrollo de la capacidad de almacenamientos del sector gasista español, el aval parlamentario a las medidas en apoyo del carbón autóctono español puestas en marcha por el Gobierno, el impulso al coche eléctrico, el desarrollo de las instalaciones de captura y almacenamiento de dióxido de car-bono y el ahorro y la eficiencia energética en el sector de la edificación.
Además, abogaban por incrementar significativamente las interconexiones eléctricas con Francia, hasta alcanzar el umbral de referencia del 10% de la potencia instalada en 2020, porcentaje que se elevaría al 35% en 2035.
Con todo, la industria gasista española no quiere dejar de ser la piedra angular del sistema energético nacional durante las próximas décadas y prefiere poner al mal tiempo buena cara, convencida de que, aunque en la actualidad el sector funcione a medio gas, la demanda, y no solo para el sector eléctrico –en el que resulta innegable su contribución como tecnología de respaldo flexible y segura–, terminará por despegar para dar cobertura a los objetivos establecidos en la Planificación Energética 2008-2016, que cifra en 32.000 megavatios la potencia instalada de ciclos combinados al final del periodo.
La cruz del sistema gasista español
Al igual que su cara –flexibilidad, eficiencia y seguridad de suministro–, el sistema gasista español también arrastra su particular cruz: la escasa capacidad de almacenamiento y de conexiones con Europa.
En la actualidad, España solo cuenta con dos yacimientos subterráneos de gas: los de Serrablo, cerca de Jaca (Huesca), y el de Gaviota, frente a las costas de Bermeo (Vizcaya). La capacidad de estos dos almacenes, localizados ambos sobre antiguos yacimientos de hidrocarburos, unida a la del pequeño almacenamiento no básico de Marismas, ubicado en Huelva y reconvertido a partir de una serie de yacimientos de gas agotados, pueden satisfacer en el mejor de los casos, esto es, si están llenos, 21 días de demanda de gas natural, muy por debajo de los 96 días de Francia, los 89 de Alemania y los 71 de Italia.
Con el fin de aumentar esta capacidad total de almacenamiento con la que hacer frente a necesidades de gas no previstas, fluctuaciones de la demanda o hipotéticos problemas de aprovisionamiento, España ha iniciado la construcción de dos nuevos almacenes en Yela, cerca de Brihuega (Guadalajara) y Vinarós (Castellón).
Mientras que el primero, que se espera que esté operativo a mediados de 2011, destaca por su ubicación estratégica en el centro de la Península y, por tanto, muy cerca de Madrid, comunidad que en 2009 consumió el 6% del gas natural de España, el segundo, que se construye a 22 kilómetros de la costa, despunta por ser el almacén más importante del país y uno de los mayores de Europa.
Esta infraestructura, que forma parte del Proyecto Castor autorizado por el Ministerio de Industria el pasado mes de junio, tiene un presupuesto que ronda los 1.350 millones de euros y utiliza el fondo marino del Mediterráneo como almacén de modo natural, situado a 1.750 metros de profundidad y con una capacidad para 1.300 bcm.
Sus responsables apuntan que este almacén, que aprovecha la misma zona geológica donde hasta 1990 hubo un yacimiento petrolífero del que se llegaron a extraer 57 millones de litros de petróleo, podría abastecer la demanda de gas natural de España durante, aproximadamente, 50 días.
Tras los trabajos de instalación y ensamblaje de la plataforma en el mar que fueron llevados a cabo este verano y para los que fue necesario el concurso de la segunda grúa marina más grande del mundo, con casi 200 metros de eslora y 87 de manga, capaz de levantar hasta 14.000 toneladas (el equivalente a una fragata de guerra), la empresa encargada trabaja ya en la perforación de los 12 pozos que, junto con una plataforma terrestre, forman el Proyecto Castor.
Si todo marcha según los plazos estimados, este almacén podría entrar en funcionamiento en mayo de 2012 y apuntalar aún más la posición geoestratégica y la capacidad de nuestro país para convertirse en la gran puerta de entrada de gas por el sur de Europa.
A este objetivo, por otra parte, sin duda también contribuiría la apertura de una tercera conexión con Francia, vía Cataluña, entre Figueres (Girona) y la frontera francesa. La construcción de este gasoducto, conocido como Midcat, uno de los más grandes y estratégicos, permitiría incrementar hasta 7,2 bcm la interconexión con el país galo e inyectar en las venas de la UE el 5% de su demanda. Prevista inicialmente para 2015, esta infraestructura todavía se encuentra pendiente de aprobación.
