Sesión sobre el proceso de evaluación de las regulaciones profesionales con el Ministerio de Educación
Nos encontramos ya en la fase de transposición de la Directiva 2013/55/UE por la que se modifica la Directiva 2005/36/CE relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales. Parte esencial de esta transposición está siendo el artículo 59 de la citada directiva, que insta a todos los Estados miembros a realizar un análisis en relación con las regulaciones de acceso a sus profesiones. Esto es debido a que, durante el proceso de modernización de la Directiva 2005/36, se consideró que en la Unión Europea existían un número muy elevado de profesiones reguladas, pudiendo ser la disparidad en las regulaciones un motivo de obstrucción a la movilidad profesional.
En este contexto, en España, los consejos y colegios profesionales, coordinados por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD), trabajan junto al Ministerio de Economía y Competitividad y a sus ministerios de adscripción en el análisis de la proporcionalidad de las regulaciones nacionales de acceso a las profesiones, así como de las actividades reservadas a cada profesión. Este ejercicio de proporcionalidad se realiza en base a unas ‘fichas de trabajo’ distribuidas por la Comisión Europea en las que se abordan el principio de no discriminación, la justificación por razón imperiosa de interés general y la garantía de consecución de los objetivos perseguidos sin exceder de lo necesario para alcanzar el objetivo.
Unión Profesional (UP), como asociación que aúna a 35 consejos generales y superiores y colegios profesionales de ámbito estatal, colabora con el MECD desde el inicio de este ejercicio de evaluación de las profesiones reguladas. Así, desde el año 2013, se han mantenido diferentes encuentros con representantes de dicho Ministerio y de la asociación.
La última sesión, celebrada el 26 de mayo, fue moderada por el presidente del Cogiti, José Antonio Galdón, en calidad de vicepresidente de Unión Profesional. En la reunión intervinieron Margarita de Lezcano, subdirectora general de títulos y reconocimiento de cualificaciones, y Gloria Nistal, coordinadora nacional para el reconocimiento de las cualificaciones profesionales en España, que repasaron con los miembros de UP este proceso y atendieron a sus dudas e inquietudes, pidiendo su colaboración para cumplir con los tiempos exigidos por las instituciones comunitarias. La fecha límite de transposición de la directiva al ordenamiento jurídico español es el 18 de enero de 2016.
Además, desde 2014, UP ha organizado talleres de trabajo individuales o por sectores profesionales en los que se realiza una concreción sobre la actual regulación de cada profesión así como un análisis detallado sobre el enfoque más adecuado para el citado ejercicio de proporcionalidad en base a los criterios requeridos por la CE y utilizando evidencias, datos y factores económicos. Con toda la información recabada a resultas del proceso que se está desarrollando en todos los países europeos, la CE presentará, el 18 de enero de 2017 sus conclusiones finales al Parlamento Europeo y al Consejo, acompañadas, en su caso, de propuestas de nuevas iniciativas.
