La futura directiva comunitaria sobre responsabilidad ambiental, que entrará en vigor en 2005, llevará el principio de “quien contamina paga”. En consecuencia las empresas tendrán que asumir la responsabilidad derivada de cualquier daño que su actividad ocasione sobre el entorno. El carácter civil de esta responsabilidad permitirá que cualquier tercero que se vea afectado por el daño ecológico pueda exigir una indemnización económica por daños y perjuicios. Esta nueva directiva facilitará por tanto las reclamaciones. En un principio se pensó en la exigencia de suscribir un seguro, ésta se ha sustituido por una garantía obligatoria que puede ser un seguro, una fianza o un depósito.
