La Unión Europa sienta las bases para el mercado único de servicios
La propuesta de Directiva de Servicios, que sentará las bases para la liberalización del sector servicios en Europa, se acerca cada vez más a su aprobación, después de varios meses en punto muerto y muchas críticas respecto a la sustanciosa modificación que ha sufrido. Con esta nueva ley, que se prevé sea de obligada aplicación en un plazo de tres años, Bruselas pretende convertir, en 2010, la economía de los Veinticinco en la más competitiva del mundo.
El objetivo de este texto es mejorar la base del crecimiento económico y el empleo en la UE logrando un auténtico mercado interior de servicios comunitario, eliminando los obstáculos jurídicos y administrativos con que se encuentra un prestador a la hora de establecerse en otro país miembro.
La propuesta de directiva contempla la simplificación de procesos administrativos con elementos como las ventanillas únicas, a las que podrá acudir un profesional que se desplace a otro país para prestar sus servicios; o la eliminación de ciertas exigencias jurídicas, como la residencia en el país destinatario, sin olvidar los derechos de los consumidores y los códigos de conducta profesionales, que saldrán reforzados tras la aprobación de esta directiva.
Para el COGITI la libre prestación de servicios, y por lo tanto la movilidad de profesionales, es muy importante, por lo que está interviniendo en el proceso legislativo, mediante la presentación de enmiendas en aquellos aspectos que considera más importantes para la ingeniería española.
Tras un período de punto muerto por lo controvertido del texto original, que muchos tachaban de excesivamente liberal, la propuesta de directiva salió adelante gracias al consenso alcanzado en el Parlamento Europeo (16 de febrero) y la Comisión Europea (4 de abril).
Uno de los apartados más reprobados fue el referido al “principio de país de origen”, y que más tarde se denominaría “mito del fontanero polaco”, una medida por la que el prestador de servicios estaría sometido a la ley del país en que se encuentra la sede empresarial y no a la del país donde se prestan dichos servicios, y que finalmente contempla el derecho del país de destino a introducir requisitos adicionales y a controlar al prestador y los servicios realizados.
También fue muy discutido el ámbito de aplicación de la directiva del que finalmente se excluyeron aquellos que se consideran de interés general como son la asistencia sanitaria, los servicios sociales relativos a la vivienda social, cuidado de niños y apoyo a las familias y personas necesitadas, actividades relacionadas con el ejercicio de una autoridad oficial, agencias de trabajo temporal, servicios privados de seguridad, juego, servicios audiovisuales, servicios financieros, telecomunicaciones, servicios de transporte y portuarios.
Estas modificaciones, incluidas en las más de 400 enmiendas aprobadas por el legislativo europeo en Estrasburgo y posteriormente estudiadas por la Comisión, son un gran logro para los sindicatos y partidos de izquierda, que ven en la ley una amenaza a las conquistas laborales de cada país; pero también es una derrota para la patronal europea, que esperaba más de esta ley y no una mera “ratificación de los derechos sociales y laborales existentes en los veinticinco Estados miembros”.
Las demandas de algunos países del centro y este de Europa, que exigen la garantía de que sus trabajadores y compañías de servicios disfruten de un buen acceso a los mercados de los países más ricos, se ha convertido en la principal brecha entre los países más antiguos y los más jóvenes.
Incluso Malcolm Harbour, eurodiputado del Partido Popular Europeo y que ha ejercido el cargo de ponente en la sombra de la directiva, ha calificado de “gran logro” el acuerdo al que llegaron los ministros de Competitividad, ya que no sólo respeta el texto que salió del Parlamento sino que su aprobación supondrá un empujón para el mercado laboral europeo con 600.000 nuevos puestos de trabajos.
Se prevé que la ley esté aprobada para finales de año y sea de obligada aplicación en cada Estado miembro en tres años, y no dos como se prometió, aunque Harbour también instó a que se controle que cada Estado aplique “el espíritu de la normativa en su totalidad” y no quede en papel mojado.
En cuanto el Consejo de Primavera dé su aprobación oficial, el texto estará listo para emprender un nuevo proceso por las instituciones europeas, donde se ratificará las últimas negociaciones aprobadas entre los ministros, y en el que cabe la posibilidad de que las enmiendas rechazadas en anteriores procesos –alrededor de 600–, puedan volver a presentarse.
De las enmiendas presentadas por el Cogiti y apoyadas por la eurodiputada Luisa Fernanda Rudi, han quedado finalmente incorporadas al texto resultante de la primera lectura la número 104, referida a la atribución de las funciones de ventanillas únicas a los colegios profesionales y/o cámaras de comercio; y la enmienda 205, que llama a los Estados miembros, en colaboración con la Comisión, a tomar medidas de acompañamiento para fomentar la elaboración de códigos de conducta destinados a facilitar la prestación de servicios o el establecimiento de un prestador en otro Estado miembro.
Aunque la enmienda 187, que obligaba a los prestadores de servicios desplazados al extranjero a facilitar el número de su seguro de responsabilidad profesional a la persona que recibe el servicio en el país de destino fue aprobada por el Parlamento, la Comisión no le concedió finalmente su visto bueno. Sin embargo este será uno de los puntos fuertes por los que el COGITI defenderá en el proceso de segunda lectura.–G.A.
