«EL GOBIERNO OCULTA QUE, EN TÉRMINOS ECONÓMICOS, EL COSTE QUE SUPONDRÁ LA SUPRESIÓN DEL VISADO OBLIGATORIO SERÁ MUCHO MAYOR QUE EL PRETENDIDO AHORRO DE 815 MILLONES DE EUROS ANUALES QUE PREGONA»
Se ha repetido muchas veces pero, ahora que el proyecto de real decreto se ha convertido en real decreto, hay que reafirmarlo: la supresión del visado obligatorio planteado en la mayoría de proyectos de ingeniería conllevará una considerable merma en la seguridad de las obras e instalaciones, puesto que no se podrá garantizar al usuario de los servicios de ingeniería que el profesional contratado es competente para el trabajo que se le encarga. Ese control, a priori, es necesario para asegurar, no ya la calidad del proyecto, sino la idoneidad del profesional que lo redacta. Actualmente, no existe control preventivo sustitutivo del visado ni el real decreto prevé procedimiento alguno para su sustitución, por lo que el usuario de las instalaciones u obras de ingeniería queda en la más absoluta indefensión. En efecto, la capacidad de solicitar visado voluntario está reservada al cliente de los servicios de ingeniería, que en la práctica totalidad no es el usuario final de las instalaciones u obras, sino el promotor de las mismas. Además, al no existir control previo de la idoneidad del profesional, es previsible que se generalice el intrusismo que, hasta ahora, es prácticamente inexistente.
El Gobierno oculta que, en términos económicos, el coste que supondrá la supresión del visado obligatorio será mucho mayor que el pretendido ahorro de 815 millones de euros anuales que pregona. Las inspecciones iniciales de obras e instalaciones suponen ya de por sí un coste anual superior a 2.400 millones de euros al año. Y ahí, en la supresión de esas innecesarias inspecciones iniciales, se tendría que haber el ahorro económico y la eliminación de trabas administrativas, pues es suficiente la garantía del certificado de un profesional que avala el cumplimiento reglamentario y que hace que no sea preciso añadir inspección alguna. Por tanto, se pone en serio riesgo la seguridad de los consumidores -que, no olvidemos, no pueden solicitar el visado por no ser clientes directos de los servicios de ingeniería- con unos criterios puramente economicistas que, además no son reales, pues los datos y las proyecciones de ahorro econámico son equivocados y no tienen en cuenta factores como los indicados anteriormente.
Los mecanismos de control que el Gobierno considera sustitutivos del visado no tienen viabilidad alguna si no se realizan mediante un control colegial previo. Los seguros de responsabilidad civil, la habilitación técnica y profesional del ingeniero y la exigencia de que determinados trabajos sean firmados por t?cnicos competentes no podrán verificarse sin la intervención de los colegios profesionales. Y, en cualquier quier caso, la posible intervención de empresas de certificación y control en la verificación de estos extremos, amén de su falta de imparcialidad por ser entidades con ánimo de lucro contratadas por los propios clientes, encarecería notablemente el proceso.
Por todo ello, no cabe sino valorar muy negativamente la actuación del Gobierno, que además de tratar de manera irreflexiva el hecho del visado colegial y, con ello, poner en riesgo evidente la seguridad de los usuarios y consumidores, ha sido insensible a los planteamientos de las organizaciones colegiales que han buscado y buscan en todo momento el bien de la sociedad y la seguridad de la misma en los aspectos que les conciernen.
