La evaluación de las riquezas contenidas en el lecho y el subsuelo marinos es complicada, pero los expertos calculan que incluye ingentes cantidades de todo tipo de minerales, multiplicando en casi todos los casos las reservas disponibles en la superficie de los continentes y de recursos energéticos. Sin duda, el mar es aún una fuente de esperanza para conseguir paliar algunos problemas de recursos que nos aquejan, aunque, obviamente, habrá que disponer de ellos con más cuidado del empleado hasta ahora, para que no se repitan desastres como el originado este año por la plataforma de exploración petrolífera de British Petroleum en el golfo de México.
Esta perspectiva de posibles riquezas yaciendo en el fondo del mar ha abierto, como es fácil de intuir, las apetencias de numerosos países y empresas, dispuestos a disputar ese territorio que, en principio, aparenta no tener dueño. La Convención del Mar de 1982, en vigor desde 1994, abrió la puerta a una primera adjudicación internacional de las aguas mediante las concesiones de ZEE, por las que los Estados ribereños se adjudicaron franjas de hasta 200 millas marinas (370 km). España consiguió por este mecanismo extender su soberanía sobre más de un millón de kilómetros cuadrados, el doble de su superficie terrestre. Pero la convención también prevé la posibilidad de ampliar aún más la soberanía sobre los suelos marinos si se puede demostrar que for-man parte estructural del país solicitante, aunque se establece un límite máximo de 350 millas marinas. Cada Estado cuenta con un periodo de 10 años, desde su ratificación de la convención, para presentar toda la documentación necesaria, que en el caso de España significa que la fecha límite es mayo de 2014, y de ahí la necesidad de realizar cuanto antes las investigaciones necesarias para soportar la solicitud. Retrasar las actividades científicas un año habría significado renunciar a buena parte de las posibles reclamaciones españolas.
España se planteó solicitar esa jurisdicción en tres zonas, el Cantábrico, Galicia y Canarias. Los estudios correspondientes a la primera fueron presentados en su día y aprobados, por lo que nuestro país ha ganado 70.000 kilómetros cuadrados. La ampliación del área gallega supone otros 79.000 km2, y la documentación ya ha sido entregada y se encuentra pendiente de aprobación. Es la tercera zona, que representa una superficie de 220.000 km2 en torno a las islas Canarias, la que se encontraba en peligro.
El proyecto de ampliación de Canarias, liderado por el Ministerio de Asuntos Exteriores (aunque participan también los ministerios de Defensa, Medio Ambiente, Rural y Marino y Ciencia e Innovación), se denomina Garoé, nombre que procede del mítico árbol que crecía y recogía la lluvia de las nubes en la isla de Hierro. La parte científica, que es la esencial, consta de tres campañas y la llevan a cabo el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) y el Instituto Español de Oceanografía (IEO). La primera de las campañas se ha realizado durante el mes de agosto a bordo del buque oceanográfico Hespérides, que ha estado explorando zonas con una profundidad de hasta 5.200 metros al oeste de Hierro. La segunda se realizará en mayo de 2011 en el buque oceanográfico Miguel Oliver, y la tercera utilizará el buque Sarmiento de Gamboa y se realizará en septiembre de 2011.
Según Luis Somoza, director científico del proyecto e investigador del IGME, la clave está en descubrir volcanes submarinos similares al Teide a más de 4.000 metros de profundidad, lo que permitiría demostrar que se trata de la prolongación de los materiales volcánicos que generaron las islas Canarias. Sucesor simbólico de aquellos aventureros, descubridores y conquistadores que hace cinco siglos forjaron un imperio, Somoza tiene ya pensado el nombre que dará al primer volcán que descubran y quizá a la vasta extensión de nuevo territorio español que lo acompañe: Garoé.
