Si Dios no lo remedia, muy pronto nos va a pillar el ómnibus de Bruselas. Como todos ustedes saben, en este tranvía legal (Ley 25/2009 de modificación de diversas leyes, para su adaptación a la ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio) viajan nada menos que 47 leyes de ámbito estatal que regulan actividades tan diversas como el ejercicio de las profesiones de arquitecto, ingeniero y taxista. La justificación que se da desde la Unión Euro-pea y el Gobierno de España, la conocen ustedes mejor que nadie. Las consecuencias, las tememos todos.
Desde hace varias décadas asistimos a un proceso imparable de reducción de todas aquellas instituciones intermedias entre el poder público y los ciudadanos, entre la Administración y los administrados, entre el mercado y los, ejem, consumidores. Este flujo de poder hacia las instituciones a gran escala coincide con el declive de las comunidades tradicionales, como la familia y el barrio, que dejan al individuo solo ante las fuerzas impersonales del mercado y del Estado, desprovisto de los recursos que le facilitaban las comunidades intermedias.
La justificación que ofrecen las administraciones se basa fundamentalmente en los costes económicos que se ahorrarán los felices consumidores a la hora de recibir los distintos servicios. Que nada se interponga entre el consumidor y el producto. La colegiación profesional y el visado de los proyectos, esos engorros burocráticos que se interponen en el camino del feliz consumidor deben ser eliminados, como antiguallas, como reliquias incómodas del pasado. Ahora bien, si desaparece el visado, también lo harán las garantías de calidad y control profesional. Con lo cual, la Administración tratará de regular por medio de leyes y reglamentos la tarea que hacen ahora los colegios profesionales.
Los expertos dudan de que se pueda eliminar el visado y, al mismo tiempo, ofrecer una mejor garantía de calidad y control profesional, y todo ello con un menor coste. Además, serán necesarias nuevas leyes. No deja de ser curioso que cuanto más libres somos, cuanta más libertad nos otorgan, aunque sea una libertad envenenada, más leyes son necesarias, más reglamentos, más órdenes, etcétera. Es la otra cara de la moneda de la sociedad individualizada, que dice Ulrich Beck, la “hiperinflación legal”. Y todo eso sin contar, naturalmente, con las peculiaridades de nuestro sistema autonómico.
Como el Lacoonte de la Eneida, podemos decir: Timeo danaos et dona ferentes (temo a los griegos aunque me traigan regalos). Detrás de las liberalizaciones vienen nuevas esclavitudes, más difusas y sutiles si se quiere, pero que implican nuevas ataduras, al mismo tiempo que se rasga el tejido de la sociedad comunitaria. Las familias y los barrios, las ciudades y los pueblos, los sindicatos y los colegios profesionales, todo lo que se interponga entre el individuo y el mercado y el Estado debe ser eliminado, para que ningún obstáculo se interponga entre nosotros y ese nuevo mundo feliz.
