Suiza fue el segundo de la lista europea, en 1914, y España el tercero, tras declarar en 1918 el Parque Nacional de la Montaña de Covadonga. Conviene de todos modos señalar un hecho histórico que prácticamente nadie conoce. Tan sólo cuatro años después de que Estados Unidos declarara el primer parque nacional del mundo, el de Yellowstone (1872), Puerto Rico otorgó esa misma categoría al conocido hoy como Bosque Nacional del Caribe, 28.000 hectáreas de selva tropical con alturas considerables como la sierra de Luquillo. Este parque nacional se conoce popularmente como El Yunque, nombre que proviene de una antigua expresión de los indios taínos que significa Bosque de Nubes.
Pero ahora viene lo más interesante, porque en esa fecha Puerto Rico era todavía una colonia española y fue el rey Alfonso XII quien decidió proteger con esa figura de parque nacional las 2.000 primeras hectáreas. Así consta en una placa situada en el propio parque. La pregunta es inevitable: ¿Por qué hizo el rey en Puerto Rico lo que todavía no había hecho ni hará en España, aunque será su hijo Alfonso XIII, con la ayuda inestimable de Pedro Pidal, quien promueva e inaugure el Parque Nacional de la Montaña de Covadonga?
«AUNQUE SUENE DEMASIADO RIMBOMBANTE, PUEDE DECIRSE QUE EL CATÁLOGO DE MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA HA SIDO LA INICIATIVA PROTECTORA DE LA NATURALEZA MÁS IMPORTANTE DE LA HISTORIA DE ESPAÑA»
De este hecho histórico se cumplieron en 2008 los 90 años, pero todavía no ha terminado el programa de actos conmemorativos al que, el pasado mes de septiembre, ha querido sumarse el Colegio de Ingenieros de Montes para reivindicar su papel en esta loable iniciativa, pues fueron ingenieros de montes quienes realizaron los primeros informes sobre los espacios susceptibles de ser declarados parque nacional y fueron ellos también quienes tuvieron especial protagonismo en la gestión de los parques, hasta que en la década de 1980 se sumaron los biólogos y otros especialistas científicos.
Es de justicia reconocer la labor conservacionista de los ingenieros de montes superando esa especie de demonización a la que han estado sometidos en tiempos pasados por su colaboración con las repoblaciones forestales llevadas a cabo durante el franquismo. En buena medida, puede decirse que el ecologismo moderno surgió en España con las protestas, a veces virulentas, contra las repoblaciones de pinos y eucaliptos de las que hicieron una de sus principales banderas.
Pero, además de los parques nacionales, ya se ha recordado en esta columna otra iniciativa pionera de los ingenieros de montes cuando, en el siglo XIX, salvaron de la amortización una buena parte de los montes públicos que todavía lo son a día de hoy. Tras varios borradores, se elaboró en 1901 el Catálogo de Montes de Utilidad Pública que, tal como se reconoce en la Estrategia Forestal Española de 1999, «ha protegido a los bosques españoles durante siglo y medio».
¿Qué hubiera ocurrido de haberse privatizado la totalidad o la mayor parte de esos territorios? Pues seguramente tendríamos una situación bien distinta a la de hoy, que cabe calificar de razonable, y el hacha depredadora habría arrasado buena parte de ellos. Antes de que se declarara el Parque Nacional de Ordesa, el segundo de nuestro catálogo inaugurado en 1920, el francés Lucien Briet denunciaba el ruido ensordecedor del hacha que talaba sus bosques impunemente.
En consecuencia, aunque suene demasiado rimbombante, puede decirse que el Catálogo de Montes de Utilidad Pública ha sido la iniciativa protectora de la naturaleza más importante de la historia de España. Recordar estos hechos en el centenario del primer parque nacional europeo y en el 90 aniversario del primero español es, como decía, un acto de justicia.
En el número 37 de la revista Montesescribió Juan Manuel Mangas: «La ciudadanía debe saber que si gran parte de nuestros territorios montanos y otros parajes de la multiforme geografía de España se mantienen verdes o, cuando menos, se hallan a cobijo de veleidades oportunistas o de la codicia especuladora, con todas las beneficiosas repercusiones ecológicas, sociales y económicas que dicho estado conlleva, ello es así porque existe un instrumento jurídico de probada eficacia -el Catálogo de Montes de Utilidad Pública- cuyo mantenimiento ha de estar por encima de las meras contingencias polacas».
