El Parlamento ha aprobado la Ley de Responsabilidad Medioambiental. Ésta, que ha contado con el total respaldo de organizaciones ecologistas y sindicatos, es la transposición de una directiva europea. Los operadores económicos que desarrollan actividades potencialmente contaminantes quedan obligados a tener en cuenta los daños potenciales que puedan causar con su actividad y a reparar totalmente el daño en el caso de que éste se produzca. En España, la norma afecta a 5.000 instalaciones industriales, 30.000 empresas de transporte de mercancías peligrosas y a casi un millón de explotaciones agrarias. Más ambiciosa que la propia directiva europea, la ley establece una serie de categorías de riesgo, y determina que a partir de 2010 algunas de ellas deberán contar con un aval financiero para cubrir posibles daños.
