José Antonio Galdón defiende en Bruselas una regulación equilibrada de las profesiones como garantía de calidad
El objetivo de este encuentro era debatir sobre la regulación existente en materia de profesiones liberales en los diferentes países europeos y establecer una serie de conclusiones al respecto que serán remitidas a las instituciones europeas.
En representación de las profesiones de España acudió José Antonio Galdón Ruiz (presidente del Cogiti), en calidad de vicepresidente de Unión Profesional, que participó en la mesa redonda titulada La regulación y desregulación en los Estados miembros de la Unión Europea: un debate con representantes de las profesiones liberales de ocho Estados miembros, en la que puso de manifiesto la necesidad de que exista una ordenación y control del ejercicio de las profesiones cualificadas, ya que ello contribuye al desarrollo y garantía de los derechos de los ciudadanos, como usuarios de los servicios que se prestan. La ponencia de Galdón giró en torno a los efectos que una desrregulación puede producir en ámbitos muy interdependientes como son la formación, el empleo, la economía y la sociedad, principalmente. Como representante de las profesiones españolas expuso también el modelo colegial de nuestro país. Además, durante su intervención abordó la relevancia del desarrollo profesional continuo como elemento esencial para el fomento de la movilidad.
Nueva Ley de Liberalización de los Servicios Profesionales
José Antonio Galdón abogó por una regulación equitativa de las profesiones cualificadas ante la nueva Ley de Liberalización de los Servicios Profesionales, prevista para septiembre (cuya modificación responde a la aplicación de la Ley Ómnibus), y explicó el modelo de ejercicio profesional que existe en España, basado en tres parámetros: la independencia del criterio profesional o autonomía facultativa (bien sea cuando el profesional trabaje para una entidad privada o pública, o por cuenta propia); la responsabilidad del profesional por los actos que realiza, y el control de todos los profesionales que ejercen actos que afecten a los derechos de los ciudadanos, clientes y pacientes en lo referido a su salud y la seguridad en todos los órdenes.
En sentido, recordó que este control se lleva a cabo por unas organizaciones de profesionales (colegios profesionales y consejos generales o superiores de colegios profesionales) bajo condiciones de independencia e imparcialidad, con sometimiento de los profesionales a las normas deontológicas que lleven asociado un régimen de faltas y sanciones.
«En muchos foros europeos se ha puesto sobre la mesa el hecho de que la regulación en los servicios profesionales puede incidir de forma negativa en algunas de las premisas importantes de la Directiva de Servicios 2006/123/CE, como son la libertad de establecimiento y prestación de servicios, produciendo de esta forma efectos anticompetitivos. Sin embargo, también se ha manifestado que una correcta regulación de los servicios profesionales influye muy positivamente en otras de las bases de la misma, que son la calidad, la seguridad y la garantía de los servicios», destacó Galdón.
Además, según las conclusiones del estudio económico denominado Impacto en la Economía Nacional de la regulación de los Colegios Profesionales realizado por Unión Profesional, una desregularización radical de los servicios profesionales no permitirá alcanzar un escenario de crecimiento económico sostenible basado en un aumento del empleo y valor añadido.
El objetivo del estudio focaliza su interés en encontrar el punto óptimo de regulación equilibrada, que quede recogida en la ley española y que atribuye a los Colegios Profesionales facultades de autorregulación para su función de control independiente de la prestación de los servicios profesionales.
Certidumbre para los ciudadanos
La idea principal es que, siempre que exista una regulación equilibrada, la competencia en este subsector radicará en los elementos de calidad y eficiencia, generando certidumbre en los consumidores y la sociedad. Por lo tanto, no es del todo cierto que con la regulación se vayan a producir efectos anticompetitivos para la economía, y además hay que tener en cuenta que los servicios profesionales han de tener un tratamiento distinto al de otros productos o cambiar servicios, y la función social, que se ejerce desde los colegios, de velar por el ejercicio de los derechos de los ciudadanos.
«Encontrar un punto de equilibrio equitativo es nuestra misión principal», concluyó José Antonio Galdón. Esta idea fue plena-mente compartida por los representantes de las profesiones, «siempre en beneficio de los ciudadanos, usuarios últimos de los servicios profesionales».
Unión Profesional es la asociación estatal que representa a las profesiones colegiadas españolas y está integrada por 40 Colegios Profesionales y Consejos Generales y Superiores de Colegios Profesionales, que aglutinan a más de 1.000 colegios profesionales, y cerca de millón y medio de profesionales liberales en todo el territorio estatal.
