El Gobierno, mediante ley, da luz verde al almacén geológico de CO2
Esta tecnología podría evitar en 2030 emisiones que representan, aproximadamente, el 15% de las reducciones exigidas en el ámbito de la UE para mitigar el cambio climático
El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó el pasado mes de diciembre la Ley de Almacenamiento Geológico de Dióxido de Carbono, que tiene por objeto incorporar al ordenamiento jurídico español las disposiciones contenidas en la directiva euro-pea que regula esta tecnología, adaptándolas a la realidad industrial, geológica y energética de España y estableciendo una base jurídica para que se realice en condiciones seguras para el medio ambiente. Este almacenamiento consiste en captar el CO2 emitido por las instalaciones industriales, transportarlo a un emplazamiento subterráneo y confinarlo de forma permanente.
La UE ha apostado por la captura y almacenamiento geológico de carbono como una tecnología de transición que contribuirá a mitigar el cambio climático. De acuerdo con los estudios efectuados para evaluar el impacto de la directiva, aplicar esta tecnología podría evitar, en 2030, emisiones que representan, aproximadamente, el 15% de las reducciones exigidas en el ámbito de la UE. En particular, esta tecnología hará posible que las centrales de generación que emplean combustibles fósiles, como el gas o, sobre todo, el carbón, puedan producir energía sin que sus emisiones de gases de efecto invernadero contribuyan al cambio climático, ya que éstas podrán ser captadas y almacenadas en estructuras geológicas estancas con carácter indefinido, por lo que será una tecnología clave para facilitar la transición hacia un modelo bajo en car-bono.
En las disposiciones generales de la norma se establece que se aplicará en estructuras subterráneas en España, incluyendo su mar territorial, si bien en los supuestos de almacenamiento en el subsuelo marino deberá tenerse en cuenta la legislación nacional, comunitaria e internacional sobre la protección de los mares y océanos.
El almacenamiento de CO2 requerirá la obtención de una concesión que tendrá una duración máxima de 30 años, prorrogable por dos periodos sucesivos de 10 años. La ley no se aplicará al almacenamiento geológico de CO2 con fines científicos, desarrollo o experimentación, siempre que la capacidad prevista de almacenamiento sea inferior a 100 kilotoneladas.
EL ALMACENAMIENTO DE CO2 REQUERIRÁ LA OBTENCIÓN DE UNA CONCESIÓN QUE TENDRÁ UNA DURACIÓN MÁXIMA DE 30 AÑOS, PRORROGABLE POR DOS PERIODOS SUCESIVOS DE 10 AÑOS
Permisos
El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio será el encargado de otorgar los permisos de investigación cuando afecten al ámbito territorial de más de una comunidad o medio marino, adjudicar las concesiones de almacenamiento y revocarlas, a la vez que de garantizar que no se produzcan usos incompatibles.
Respecto al régimen sancionador, la ley considera infracción muy grave inyectar CO2 sin contar con autorización administrativa, actividad que podrán ser multada con hasta cinco millones de euros. Entre las graves, con multas de hasta dos millones de euros, cita no adoptar las medidas correctoras pertinentes en caso de irregularidades significativas o fugas, llevar a cabo trabajos de investigación para almacenamiento de dióxido de carbono sin con-tar con un permiso de acuerdo a la ley o inyección de sustancias o residuos distintos a los incluidos en la norma.
Derechos de emisión en Europa
Por su parte, la Comisión Europea ha propuesto unos nuevos niveles de referencia para la asignación gratuita de derechos de emisión a las industrias en riesgo de deslocalización. La idea inicial era que las instalaciones más eficientes obtendrían derechos gratuitos de emisión para el periodo 2013-2020 que compensasen las desventajas de la industria europea frente a la de países terceros.
Esta medida, que se incluía en la directiva europea para compensar el riesgo de deslocalización de algunos sectores sometidos a la competencia internacional, también afecta a la siderurgia, a la que la Unión Europea reconoce su vulnerabilidad frente a los competidores exteriores. La Unión de Empresas Siderúrgicas (Unesid) considera que la política europea y, en concreto, la asignación de derechos de emisión de CO2 realizada por la Comisión Europea y los Estados miembros, “amenaza seriamente el futuro de la industria” del continente y eleva el “riesgo de deslocalización”.
La asociación advierte, además, de que ni una sola instalación europea podrá disponer del 100% de derechos de emisión y considera que los niveles adoptados “suponen una violación del espíritu de la directiva, que conllevará importantes car-gas unilaterales, exclusivamente para la industria europea y, a la postre, para los ciudadanos”.
