30 años del Consejo Autonómico de Colegios de Castilla y León
A raíz de la aprobación del Estatuto de Autonomía de Castilla y León el año 1983, loscolegios y delegaciones de esta comunidadcomienzan a reunirse para tratar temascomunes. Desde inicios de 1984 se programan ya de forma consolidada encuentrosentre representantes colegiales de Castilla y León y resulta notable que, desde unprincipio, participan en plano de igualdaddelegaciones y colegios. La frecuencia delas reuniones denominadas “regionales” espareja a las convocadas por el ConsejoGeneral. También resulta bien significativoel criterio de rotación por las nueve demarcaciones que, desde un principio, sirve parafijar el lugar de reuniones, lo que sin dudaactúa como eficaz factor aglutinante.
Un asunto recurrente que figura desdeel origen en estas reuniones son las relaciones con las autoridades autonómicas, concompetencia ya transferida en materia deseguridad industrial, lo que propicia encuentros con los titulares de los centros directivos y promueve la homogeneidad de criterios en los servicios provinciales, habidacuenta de la complejidad que derivó de lapromulgación de disposiciones en materiade liberalización industrial. Ese año culminóla constitución oficial como colegios de Leóny Zamora, al tiempo que Soria pasaba a formar parte del nuevo colegio, denominado Burgos-Soria.
La nueva organización territorial delEstado abona la disolución de la AsociaciónNacional de Peritos e Ingenieros TécnicosIndustriales (ANPITI). En Castilla y Leónse impulsa de forma coordinada y urgentela constitución de asociaciones provinciales con el objetivo de formar en 1991 laFederación autonómica FITICAL y para quepermita la integración de todo el territorioen la Unión de Asociaciones (UAITIE), nacidacon ámbito estatal en 1987.
Al final de la década de 1980 se consolida la denominación de intercolegiales paralas reuniones y pasan a denominarse Intercolegial de Castilla y León y Cantabria. También asisten como invitados los colegios delas autonomías uniprovinciales limítrofescomo Asturias, Madrid y La Rioja.
Una vez promulgada la Ley 8/1997 decolegios profesionales de Castilla y Leónse crean oficialmente los colegios de Ávila,Palencia, Soria y Segovia y, conforme almandato de dicha ley, se definen unos estatutos particulares para los nueve colegios,homogéneos y adaptados a la norma. Damuestra de la coordinación lograda el hechode que todos ellos aparecieron publicadosen el diario oficial de la comunidad en unsuplemento específico en diciembre de2000.
No menos relevante fue la actividaddirigida a establecer pautas comunes deordenación del ejercicio libre profesionalcomo la edición del Libro de Normas de laIntercolegial,que pretendió ser un referentede uso común en todo el territorio, y la gestión conjunta de la cobertura de responsabilidad civil a los colegiados. También se formaliza la constitución de FITICAL como Centro Tecnológico de Castilla y León, cuyoamparo posibilita conseguir una importantedotación de equipamiento de última generación, así como la impartición de un importante número de cursos de formación deposgrado.
“Hace falta mucha voluntad de diálogo y capacidad negociadora para dar al Consejo Autonómico una funcionalidad adaptada a los radicales cambios que anuncia la llamada Ley de Servicios Profesionales”
Con el impulso acumulado por todo elbagaje anterior, los colegios solicitaron a laJunta de Castilla y León la creación del Consejo Autonómico, y adquirió entidad formalmediante la Ley 6/200 del ParlamentoRegional. A partir de entonces las reuniones pasaron a tener la formalidad derivadade la nueva figura legal para la que se eligió el acrónimo CITICAL y quedó extinguidala contribución de Cantabria a la anteriorIntercolegial. No hubo ninguna discrepancia respecto a la necesidad de que coincidieran en todo momento los cargos elegidos bienalmente en la federación y el consejo, pauta mantenida sin alteración hastaahora. Un reto importante fue la organización anual de la reunión ordinaria del plenoconvocado por primera vez en 2004, alos más de 100 miembros integrantes delas juntas de gobierno de los nueve colegios de Castilla y León, constituyendouna oportunidad única de intercambio deinformación entre cargos y vocalías afines, sobre las vicisitudes singulares de cadademarcación, así como para marcar objetivos sobre actuaciones que desarrollar demanera conjunta.
La creación formal del consejo coincidiócon circunstancias poco favorables comolas secuelas de la liberalización de tarifas ysu correspondiente reflejo en los derechos de visado y la publicación del RDL6/2000, que acabó con el sistemas compensatorio del segundo visado. En otroorden de cosas, se suponían nuevas expectativas respecto a una mayor capacidad deinterlocución con los órganos directivos dela Administración autonómica, que, desgraciadamente, no fueron confirmadas y quedieron lugar a una serie de recursos administrativos y judiciales en defensa de las competencias profesionales de los colegiados.
La relación de intervinientes a lo largo detantos años llenaría por sí sola todas las páginas de esta revista. Quien esto escribe haseguido desde su inicio la evolución de lacriatura y, desafortunadamente, tendría quereferirse también a un buen número de personas que ya no nos acompañan, de modoque cerramos este punto sin destacar a ninguno en particular.
30años después el escenario que tocavivir no es ni más ni menos complejo que elde los inicios y lo más cierto que cabedecir es que los actuales representantes colegiales de Castilla y León deberemos conducirnos bajo la premisade hacer virtud de lanecesidad y refrescar el primordial propósitointegrador de quienes iniciaron el proceso.Ahora hace falta mucha voluntad de diálogoy capacidad negociadora para dar al Consejo Autonómico una funcionalidad adaptada a los radicales cambios que anunciala llamada Ley de Servicios Profesionales.
